POR UNA POLÍTICA BISEXUAL

Víctor Lapuente Giné, en 'El País'

Mi receta para que España salga de la crisis es muy sencilla: debemos adoptar políticas de liberalización de nuestra economía más a la derecha que las medidas del gobierno Rajoy y políticas de bienestar social más a la izquierda que las propuestas de Rubalcaba. Puedes pensar que soy políticamente incoherente (o políticamente bisexual), pues la liberalización económica va de la mano del desmantelamiento del estado de bienestar y la regularización de los mercados va de la mano de un gobierno más protector. Así nos lo han dicho siempre. Palabra de todos los políticos.

Y así es cómo, de hecho, se está desarrollando el debate político durante esta crisis económica. Por el flanco derecho, las propuestas Merkozy: austeridad en el gasto (menos estado de bienestar) y reformas estructurales (más liberalización de los factores de producción). Por el flanco izquierdo, oposición a la austeridad (intentando mantener el estado de bienestar) y a las reformas liberalizadoras (sobre todo, la reforma laboral).

Pues bien, creo que esta dicotomía es falsa. No es que piense que la política no importa y que no podemos utilizar categorías que nos permitan agregar políticas públicas que tienden a ir juntas. O que los problemas ciudadanos tienen soluciones simplemente tecnocráticas. Todo lo contrario. Precisamente porque las políticas importan mucho, debemos ser más cautelosos a la hora de clasificarlas. Y la disyuntiva izquierda-derecha, aunque sigue sirviendo para la lucha entre políticos, ha envejecido para afrontar los retos de una economía globalizada.



Una visión más moderna debería distinguir dos dimensiones de política económica. Las llamo dimensiones, porque agrupan a políticas que sí suelen ir de la mano. La primera es la dimensión regularización-liberalización de la economía. Es decir, ¿debería el estado regular más los mercados laborales, de bienes, servicios y de capitales; o debería dar libertad a los individuos para que ellos fijaran libremente los precios de dichos productos? Un vistazo a los países de nuestro entorno OCDE nos muestra (los datos exactos pueden consultarse en un excepcional artículo de Jonathan Hopkin y Mark Blyth en Review of International Political Economy, 2011) que los países tendemos a adoptar políticas coherentes en esa dimensión. En aquellos lugares donde los mercados laborales están más rígidamente regulados (como España, Italia, Grecia, México, Turquía) es también donde los empresarios sufren más trabas burocráticas para abrir un negocio, y donde los precios de muchos bienes y servicios no dependen tanto de la libre competencia como de los intereses corporativos de unos determinados gremios profesionales. En otras palabras, se trata de economías con muchos componentes estatistas. Ello no quiere decir que nuestros estados protejan más el interés general de los excesos de un mercado desregulado, sino más bien que nuestros estados protegen más a los grupos de interés que tienen las conexiones políticas adecuadas – o sea, a nuestros “insiders” a expensas de nuestros “outsiders”.

Por un lado, los trabajadores “insiders” – los trabajadores del sector privado con contratos indefinidos y los funcionarios públicos – disfrutan de unas condiciones de trabajo mucho mejores que las de los “outsiders”. No es la mano invisible del mercado la que determina los salarios, sino la mano visible de los representantes sociales con mayor capacidad de presión política. Así, como apuntaba Germà Bel en La Vanguardia, (14-02-2012), los conductores de Transports Metropolitans de Barcelona tienen unos salarios muy superiores que los de aquellos que ejercen la misma profesión en el sector privado. A todas luces, una injusticia social.

Por otro lado, también hay muchos “insiders” en el empresariado español, un hecho sobre el que se habla menos, supongo que porque los economistas reformistas encuentran más sencillo atacar a los sindicatos que a nuestros “campeones nacionales”. En ese sentido, la serie de artículos de César Molinas para El País ha supuesto una excepción refrescante. Como anota Molinas, el español ha sido, históricamente un “capitalismo castizo”, basado no en el ingenio emprendedor (tenemos muy pocos emprendedores innovadores en España), sino en la proximidad al poder (nuestras grandes empresas no son el resultado de unos chavales soñando en un garaje con cambiar el mundo, sino de regulaciones favorables en el BOE gracias a tener los contactos políticos adecuados). Esto debe preocuparnos, porque las ayudas políticas a nuestros capitalistas ”insiders” son a costa de nuestros empresarios “outsiders” – esos que quieren crecer satisfaciendo exclusivamente las necesidades de los consumidores. Y es que nuestros emprendedores “outsiders” sufren todo tipo de trabas burocráticas. Como subrayaba The Economist, el hecho de que España ocupe el lugar 133 del mundo (por detrás de Kenia) en el ranking de cuán fácil es abrir un negocio puede tener algo que ver con nuestras dificultades – y la de otros países de la Europa del sur – para salir de la crisis.

La consecuencia de nuestro estatismo en esta primera dimensión – es decir, de que nuestros trabajadores y empresarios en posiciones de poder evitan que el mercado funcione de forma libre gracias a la connivencia de nuestros políticos – es que la economía española es menos eficiente de lo que podría ser. Hopkin y Blyth ofrecen datos (y referencias a numerosos estudios) en los que podemos ver cómo los países del sur de Europa hemos perdido capacidad competitiva frente a la Europa del norte y al mundo anglosajón porque estos últimos han adoptado políticas más liberales en esta primera dimensión. Es decir, tienen más mercado y menos estado.

Sin embargo, existe una segunda dimensión de políticas igualmente importante: la que pivota sobre el papel del Estado en la provisión de bienestar social. O sea, ¿deberíamos dejar la sanidad, educación, pensiones, asistencia social y otras políticas de bienestar en manos del estado (lo que implica altos impuestos y alto gasto social) o, por el contrario, en manos de un mercado en el que los individuos pagaran en función de su poder adquisitivo? Me gustaría subrayar que esta dimensión sobre el tamaño del estado de bienestar es independiente de la primera dimensión. Así, si bien es cierto que hay países – como los anglosajones – donde tanto la regulación del estado como el gasto social son escasos, también es cierto que hay muchos otros – como los países nórdicos y, en menor medida, Alemania, Benelux y Francia – donde una escasa regulación de los mercados económicos (primer dimensión) viene acompañada de una alta participación del estado en la provisión de bienestar (segunda dimensión).

Los resultados de esa combinación entre muy poco estado a la hora de regular la economía (es decir, a la hora de elaborar el pastel), pero mucho estado del bienestar (es decir, a la hora de repartir el pastel) es doblemente positivo. Los países que más de cerca han seguido esta política ”incoherente” (o bisexual) son los que, durante las últimas décadas han sido más eficientes económicamente – su productividad ha crecido más – y presentan, a la vez, sociedades más igualitarias. En el fondo, tiene sentido: si no hay grupos disfrutando de privilegios especiales, es natural pensar que tanto trabajadores como empresarios asignarán sus energías y sus recursos de la forma más eficiente posible. Y si existe un estado de bienestar poderoso, los ciudadanos gozan de unas igualdades de oportunidades mayores que en aquellos países donde el acceso a la sanidad y a la educación depende del dinero de cada uno.

Alcanzar esa combinación heterodoxa de políticas en España no requiere necesariamente programas políticos centristas o moderados. Implica adoptar políticas valientes que están, en la dimensión de regulación, a la derecha de unas reformas del gobierno Rajoy que siguen protegiendo a “insiders”. Por ejemplo, la reforma laboral es una regulación laberíntica que libera relativamente poco. Y, a la vez, a la izquierda de las propuestas de Rubalcaba en relación al estado de bienestar. En lugar de evitar recortes, la prioridad socialdemócrata debería ser extender el estado de bienestar a áreas que, en sociedades similares a la nuestra, generan cohesión social y sentido de justicia, como una financiación suficiente de la ley dependencia o una educación gratuita de 0 a 6 años. Si, al mismo tiempo, se apostara por un menor estatismo a la hora de regular los mercados, la sociedad española podría generar los recursos para financiar esta expansión del bienestar. Palabra de bisexual político.

Víctor Lapuente Giné es profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.