Es cada vez más frecuente que los problemas económicos se presenten como cuestiones técnicas cuya solución solo requiere la decisión de expertos, de “tecnócratas” o personas muy especializadas. Se evita que sea la gente normal y corriente la que decida sobre ellos porque se considera que no está preparada y que, por tanto, si decidiera podría ocasionar perturbaciones graves, un mal funcionamiento de la maquinaria económica, más o menos como sucedería si cualquiera de nosotros que no tuviese los conocimientos adecuados se empeñase en arreglar su reloj o cualquier aparato más o menos complicado.
Eso es lo que sucede, sobre todo, cuando se habla de cuestiones monetarias. De hecho, los bancos centrales (como en Europa el Banco Central Europeo) que son las máximas autoridades en esa materia y que disfrutan de un poder casi omnímodo, son desde hace tiempo independientes de los gobiernos o parlamentos y sus directivos se nombran haciendo creer a la gente que se trata de técnicos que no toman decisiones “políticas”. Equiparando, además, lo “político” a lo caprichoso de la gente o los gobiernos.
Pues bien, esta es una de las mentiras más grandes que acompaña al discurso y a la política económica de nuestro tiempo.
Ningún problema económico tiene solución “técnica”. Todos tienen soluciones políticas, entendiendo por política toda aquella decisión que no depende de un criterio objetivo sino de una preferencia del tipo que sea.
Pongamos un ejemplo. Supongamos que hay dinero para hacer un puente entre dos ciudades pero que se puede construir en puntos diferentes de ambas por el mismo precio y con igual recorrido o dificultad. La decisión acerca de qué dos puntos concretos va a unir es política porque depende de las preferencias de la gente. Quienes vivan en un sitio o en otro preferirán seguramente que esté cerca de ellos, o lejos da igual, pero por criterios puramente subjetivos. Y la decisión que se tome será siempre política, es decir, resultado de una prefrencia concreta y no de un criterio técnico. Puede ser que esa decisión política la tome un dictador, o que se eche a suerte o que se haga una votación, pero sea cual sea el procedimiento concreto, será el resultado de una preferencia social.
Otra cosa es que, una vez tomada esa decisión, los ingenieros se tengan que poner manos a la obra y determinar las cuestiones técnicas necesarias para construir el puente, a partir de los puntos que se hayan fijado.
Y lo mismo que consideraríamos una barbaridad que la gente quisiera decidir por votación qué tipo de tornillos o sujecciones deben utilizarse, o dónde poner los puntos de fuerza del puente (porque eso sí son decisiones técnicas y no políticas), también lo sería que los ingenieros quisieran decidir por ellos mismos dónde es mejor que vaya el puente y usurparan a la gente el derecho a hacer valer sus respectivas preferencias (porque esa es una cuestión política y no técnica).
En economía ocurre igual…
Cualquier decisión económica comporta un reparto determinado de la renta. Sea cual sea lo que se decida, siempre implicará que unos u otros se beneficien más o menos. Y la decisión acerca de quiénes deben beneficiarse o salir perjudicados es evidente que no es técnica, sino política.
¿Subir o bajar los tipo de interés es una cuestión técnica?
Si yo tengo un millón de euros en el banco querré que suban, porque así me beneficio. Si debo un préstamo, preferiré que bajen.
¿Es mejor que el euro cueste más o menos dólares?
Si yo vendo sillas a Estados Unidos, querré que esté bajo, porque así venderé más, dado que serán más baratas para los estadounidenses. Pero si tengo una fábrica que compra componentes allí, preferiré que esté alto porque me saldrán más baratos a mí.
Por tanto, cuando el Banco Central Europeo sube los tipos de interés o hace que baje la cotización del euro, o al revés, aparentando que toma una decisión técnica lo que hace es decidir que miles de millones de euros pasen o a un bolsillo o a otro. Es decir, tomar una decisión política puesto que se deriva de una preferencia sobre quién se quiere que se beneficie o no de ella.
Así son todas las decisiones económicas.
Muchas veces, cuando la gente pide mejor distribución de la riqueza oímos decir: sí, pero hay que esperar, porque primero hay que producir más y luego podremos repartir, primero hay que hacer la tarta y luego repatirla.
¡Suena tan lógico que parece indiscutible, pero eso no es verdad!
Eso funciona así en repostería: para poder repartir una tarta hay que crearla antes. Pero en economía, no es así, porque a medida que vamos produciendo ya estamos repartiendo. Si producir un lápiz cuesta un euro es porque hemos retribuido por esa cantidad a todos los que han ido contribuyendo a producirlo (al que sacó la madera, al dueño de la serradora, al que lo cortó, al que lo empaquetó, etc.).
Por tanto, si eso es así, si siempre que se toma una decisión económica se toma en función de una preferencia y no de un criterio técnico, resulta que las decisiones económicas dependen siempre de nuestros principios morales, de nuestros criterios éticos: ¿somos indiferentes al crecimiento de la desigualdad? ¿nos da igual que al consumir destrocemos el medio ambiente? ¿creemos que se debe producir solo lo que pueda pagar la gente que tenga dinero o debemos conseguir que todos los seres humanos tengan acceso a los bienes imprescindibles para vivir, como la alimentación, la sanidad o la educación? ¿es justo que quienes más tienen no paguen impuestos?
Es evidente que las decisiones económicas dependerán siempre de esos principios, de la respuesta que cada uno de nosotros le demos a preguntas de esa naturaleza.
Y por todo ello es por lo que podemos decir que la economía va de la mano de la ética. Plantear las cuestiones económicas, qué política realizar, qué medidas adoptar, etc., sin plantear al mismo tiempo la cuestión moral que comportan es hacer trampa, porque significa que se decide en función de la preferencia particular de quien toma la decisión siendo ajeno a las preferencias de los demás.
La economía sin una explícita reflexión ética sobre los objetivos, sobre las consecuencias y los modos de decidir y aplicar lo decidido es una dictadura, normalmente, de los que tienen más sobre los que tienen menos o no tienen nada. Por eso hemos de reclamar siempre que, antes de tomar cualquier decisión económica, la población pueda pronunciarse sobre ella y que la que se tome sea la preferida por la mayoría. Y que, para que eso se pueda decidir con fundamento, que se pongan antes en claro sus efectos sobre las cuestiones básicas que afectan a la vida y el bienestar de las personas.
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