Los textos se refieren a los préstamos otorgados a los ayuntamientos en el marco del Plan de Pago de Proveedores 2012,
impulsado por el gobierno de Mariano Rajoy. En Cerdanyola, la moción,
impulsada por ICV, es idéntica a la que fue aprobada en Badalona. En
concreto, el texto critica que los bancos hayan cobrado al Ayuntamiento
unos intereses del 5,54% mientras se financiaban a menos del 1% y
recibían dinero público. Por ello, define como “ilegítimos” los
intereses pagados ya que constituyen “ un sobrecoste muy elevado para el municipio”.
Además, denuncia que la obligación de pagar la deuda a causa de la
reforma constitucional - pactada por el PP y el PSOE - provoca “el
sufrimiento de la ciudadania”. “Sin esta obligatoriedad, se podrían
aumentar notablemente las partidas presupuestarias para ayudar a las
personas que más sufren la crisis”, indica.
El texto
también insta al gobierno municipal a cuantificar estos intereses y
emprender las acciones legales necesarias ante la justicia española,
europea o internacional para aconseguir “ la nulidad esta deuda ilegítima”.
Además de los elevados intereses, los promotores de estas mociones
critican las condiciones mismas en que se pusieron en marcha estos
créditos. A principios de 2012, el gobierno central impuso el pago de
facturas pendientes a los proveedores de ayuntamientos. Los consistorios
que no podían hacerlo eran obligados a adoptar un plan de ajuste
acompañado de un crédito bancario sin conocer la entidad ni la tasa de
interés. En el caso de Molins de Rei, ascendió a 5,9%. Según la PACD, el
Instituto de Crédito Oficial (ICO), que avaló estos créditos, podría
haberse financiado directamente en el Banco Central Europeo, lo que
hubiera permitido evitar la intermediación de los bancos y así rebajar
la tasa de intereses.
La moción
impulsada y aprobada por todos los partidos en Molins de Rei va más allá
que la de Cerdanyola. Los partidos con representación en el
ayuntamiento acordaron la elaboración de una auditoría de las cuentas municipales para determinar “la cifra total de la deuda ilegítima”. Este trabajo se hará con la colaboración de la PACD.
Se prevé que más municipios se sumen a esta iniciativa en otoño.
ICV ya ha indicado que presentará textos en todos los municipios donde
tiene representación. Por otra parte, el pleno de Molins de Rei se
comprometió a trasladar su moción a las asociaciones de municipios. “Lo
valoramos de manera muy positiva”, dice Javier Lechon, de la PACD. “Esto
le puede dar más visibilidad a la iniciativa e incitar a más
consistorios a sumarse, hacerlo como grupo puede dar mucha más fuerza”,
añade.
La PACD reclama desde el 2011 una auditoría
de las cuentas públicas, tanto municipales como autónomicas y
estatales, para determinar qué parte de la deuda puede considerarse
como "ilegítima". La PACD toma como referencia procesos similares que
tuvieron lugar en algunos países de América Latina. En Ecuador, por
ejemplo, la auditoría de la deuda que se inició en 2007 con la llegada a
la presidencia de Rafael Correa permitió renegociar gran parte de la
deuda externa del país. En tres años, los ecuatorianos consiguieron
una reducción de su deuda de cerca de 4.000 millones de dólares.
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