Guillen Martínez, en 'El País'
La metáfora de lo que pasa es lo de las viejas. Lo de las viejas: desde junio señoras de más de 65 años, viudas integradas en la cartilla sanitaria de sus maridos, van al médico y, zas, descubren que no existen. Han sido elididas de la Seguridad Social por el Estado y su amigote, la Comunidad Autónoma (CA) de Cataluña. Este hecho requiere diversas meditaciones. La primera, en todo caso, consiste en ponerle nombre. Es importante ponerle nombre. Al hecho de hacer desaparecer una vieja, el Estado / la CA le llama recorte. Pero el Estado y la CA, desde hace un par de años, están poco inspirados para los nombres artísticos.
Atrás queda aquella época dorada en la que el Estado colaba, a través de una cultura especializada en crear cohesión y en darle la razón, cualquier alias. Recuerden los llenapistas cultura de la Transición (CT) “unidad de todos los demócratas”, “no-nacionalismo”, “constitucionalismo sin fisuras”, con los que el Estado podía zanjar cualquier discusión y, a la vez, cerrar diarios, prohibir partidos, realizar políticas extremas y evitar dar explicaciones. Esta mañana, a primera hora, los Gobiernos peninsulares no pueden colar ninguno de sus neologismos. Alocuciones como “reforma constitucional exprés”, “Crédito en condiciones ventajosas”, “pacto fiscal”, “hazte bankero”, o “recortes”, no han conseguido evitar verse sustituidas en un plis-plas por, respectivamente, “rescate”, “rescate indeed”, “nada”, “delito de estafa” y “fin del Estado del bienestar”. Por tanto, ¿cómo se llama realmente lo de las viejas?
Es importante ponerle nombre a las cosas. Lo de las viejas, y otras exclusiones de la sanidad universal, que serán efectivas a partir de 1 de septiembre, suponen un incumplimiento de los artículos 9.3, 10, 13, 18.4, 43.1, 43.2, 86.1 de la Constitución, y un atentado a los estatutos de autonomía de Andalucía, Aragón, Cataluña y País Vasco (fuente: Asociación para las NNUU de España). Lo de las viejas, lo de la sanidad, lo de los parados, lo de las escuelas, lo de la ley laboral es, además, la negación del artículo 1 de la Constitución. Aquel que va y dice que el Estado es “social y democrático de derecho”. “Y” —no o—; de manera que si el Estado deja de ser social, deja de ser también democrático y de derecho. Supone la omisión del artículo 9.2, uno de los pocos goles en esta Constitución tan poco sexi, un artículo copiado directamente de la carta de Bonn y de la Constitución italiana de 1945, y que significa la imbricación del bienestar en el Estado. El bienestar, así, no es un excedente económico. Es un derecho ciudadano y un deber del Estado. Es una conquista que ha supuesto más de 100 años de luchas en Europa, en los que se llegó al acuerdo de que la vida es un hecho biológico, que sólo se vive una vez y que hay tramos frágiles de la vida —la infancia, la vejez y cuando graniza— que se deben proteger, que el azar no puede ser la única ley, que no somos animales, ni la vida, la selva.
Desde 2008 estamos rescatando a la banca. A través de dinero que se extrae del bienestar, y de rescates que pagará el bienestar. Las medidas gubernamentales parecen no estar orientadas a solucionar ninguna crisis, sino a realizar, a través de ella, un gran cambio estructural. Lo de las viejas, lo de la sanidad, lo de la educación, lo de los parados, lo de los trabajadores… todas las contrareformas del Estado realizadas en contra de la Constitución con la que se nos ha dado la brasa durante cuatro décadas, tienen nombre. La sociedad debería empezar a meditar si el fin del bienestar que vivimos es —y este es un posible nombre de la cosa—, un golpe de Estado. Un cambio violento del marco legal vigente. Un delito. Y, como tal, algo sensible de ser juzgado en las personas y los gobiernos que lo están realizando.
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