EL PP APRUEBA UN PAQUETE DE MEDIDAS ANTISOCIALES EN EL ÚLTIMO PLENO DEL AÑO

Luis Díaz, en 'cuartopoder.es'

La mayoría absoluta del PP cerró el año en el Congreso de los Diputados con la aprobación de un conjunto de medidas que produjeron la impresión de una sucesión de petardos que estallan. Petardos nada sociales. Para empezar, todas las formaciones a la izquierda del PSOE, incluida Amaiur, reclamaron la libertad de Alfonso Fernández, un joven de Vallecas que fue detenido durante la huelga general del 14-N y lleva 36 días en la cárcel de Soto (Madrid). Los diputados de Izquierda Plural (IP) y ERC lucieron una pegatina en la solapa reclamando su libertad. Gaspar Llamazares denunció como “censura” la resolución de la Mesa de no facilitar imágenes de televisión de la Cámara cuando sus señorías exhiban pancartas o apósitos de protesta.

Comenzó la traca con la reforma del Código Penal que, como ya informó cuartopoder.es, establece mayor énfasis punitivo contra quienes defrauden al seguro de desempleo que contra los que evadan al fisco más de 120.000 euros. Julio Villarrubia, del PSOE, tildó el precepto de “inconstitucional” y anunció un probable recurso al Tribunal Constitucional, como ya han hecho, recordó, contra la reforma laboral y hará contra la no actualización de las pensiones y el “tasazo” judicial deAlberto Ruiz Gallardón. “Esta reforma –dijo Villarrubia– consolida la impunidad para los delincuentes de cuello blanco; si son pillados y pagan en dos meses quedan libres de cargos. Y criminaliza a los trabajadores, pensionistas y desempleados… Es una barbaridad intolerable que se les impongan de 6 meses a 3 años de cárcel con independencia de la cantidad que hayan percibido indebidamente… Esto no pasa el filtro democrático ni el de la decencia; es injusto e inmoral. Esta ley tendrá vigencia hasta que el TC lo diga o gobernemos”.

Llamazares, de Izquierda Plural (IP), afirmó que estamos ante “una ley del embudo” con la parte ancha para los grandes defraudadores y la estrecha para los trabajadores y la tildó de “justicidio” demagógico, propio del “populismo penal” del PP. Para subrayar el beneficio a los grandes defraudadores indicó que mientras la normativa europea fija el delito en 50.000 euros de fraude fiscal, “nosotros somos mejores y se lo ponemos en más del doble, en 120.000 euros”. Emilio Olabarría, del PNV, resumió: “El nivel de punibidad es muy alto”. La reforma considera delito el fraude a las subvenciones europeas y a la Seguridad Social a partir de 50.000 euros, y a Hacienda a partir de 120.000. También recoge una enmienda de UPyD que extiende la pena por fraude a los partidos políticos y a los sindicatos, algo que según Olabarría, es “una extravagancia”, pues “no son sociedades creadas para delinquir”. Rosa Díez deploró que no se haya recogido otra enmienda suya para empapelar penalmente a quienes convoquen referendos sin tener competencias. La aportación iba dirigida contra CiU y ERC.

Después de que la portavoz del PP en la materia, Beatriz Escudero, asegurase que no se va a atacar a los “pequeños defraudadores” más que con multas y que la reforma va “contra las redes de economía sumergida” y contra el gran fraude, que estimó “cerca de 70.000 millones de euros, el 23% del PIB”, sonó la siguiente explosión: el aumento del impuesto a la producción y distribución de energía eléctrica, que repercutirá en una subida entre el 7 y el 10% a las familias y las empresas y un 15% a la industria de generación. Según Josep Sánchez Llibre, de CiU, la decisión convierte en estos momentos al ministro de Industria, José Manuel Soria, en el tipo más apreciado por los industriales alemanes, franceses e italianos, directamente beneficiados de la pérdida de competitividad de nuestras empresas. Según Laia Ortiz, de ICV, esta subida recaudatoria “hunde a las renovables”.

Favor fiscal a la Banca y Eurovegas

Con la siguiente norma, que volvió planchadita y sin tocar de la Alta Cámara y se titula de “impulso a la actividad económica”, llegó la supresión de la desgravación del IRPF por la compra de vivienda a partir del 1 de enero, la supresión a los ricos del Impuesto del Patrimonio a partir del 1 de enero de 2014, la rebaja del impuesto de actividades económicas (IAE) y la bonificación de hasta el 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al supuesto inversor Adelson para que instale el Eurovegas en Madrid y las “pérdidas de juego deducibles” al tiempo que se gravan con el 20% los premios de las loterías nacionales, incluido el sorteo benéfico de la Cruz Roja y de la Once. Algo insólito y manicomial, según denunció el socialista Pedro Saura, quien, además de denunciar el “blanqueo” vía casinos, aportó el dato de que “el gravamen a los beneficiados por la amnistía fiscal puede estar en el uno o el dos por ciento y no en el 10% establecido en la ley”. Para aclarar la insólita rebaja, el PSOE pedirá al Tribunal de Cuentas que audite y fiscalice esa amnistía. Aunque el promotor de la “regularización”, Cristóbal Montoro, escuchaba atentamente desde el banco azul y podía rebatir tamaña denuncia, optó por callarse.

Tanto Saura como Alberto Garzón, de IP, consideraron “bochornoso” el “impuesto cero” a los depósitos de las entidades bancarias, con lo que, según Saura, “se les regalan mil millones de euros” al tiempo que los ciudadanos tienen que sufrir los recortes derivados del rescate del sistema financiero. Como se sabe, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha apresurado a fijar el “impuesto cero” a la banca -algo que no existe en ningún país de la UE- después de que el Constitucional ratificara la legalidad de la aplicación de una tasa al capital de los bancos por parte del Gobierno de Extremadura, que es del PP. Andalucía y Canarias también la aplican. Sólo que, como aclaró el portavoz del PP, Fernando López-Amor, “la regulación del conjunto del sistema bancario es una potestad constitucional del Gobierno de la nación”. Además alegó que en los dos últimos trimestres Andalucía sólo ha obtenido 300.000 euros.

Pero faltaba la última explosión, la ratificación de un Presupuesto para 2013 que recorta un 15% en Educación, un 25% en Industria, un 25% en I+D+i, un 40% las transferencias a los ayuntamientos y, con una previsión de crecimiento del desempleo superior a 6,5 millones de parados, un 6% el fondo de protección al desempleo. “Son unos Presupuestos secuestrados por la troica, las cuentas de un Gobierno al que le sobra lo público y quiere imponer un cambio de modelo de sociedad, el modelo chino, con la promesa de un cielo de miseria laboral”, resumió Garzón. Se votaron las 89 enmiendas del Senado, el PP los aprobó en solitario con su mayoría absoluta de 184 diputados y sus señorías se marcharon de vacaciones hasta febrero.