EL TEA PARTY EN EE.UU. (y en España)

Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL

En las elecciones al Parlament de Catalunya de 2006 en uno de los periódicos más conservadores de Catalunya, La Vanguardia, un columnista próximo ideológicamente a la banca y a la gran patronal, entrevistó al candidato socialista, el Sr. José Montilla, y con gran arrogancia le preguntó como una persona como él (el Sr. Montilla, procedente de una familia obrera, ha sido elegido a cargos políticos en varias ocasiones), que nunca había gestionado una empresa privada, tenía la osadía de presentarse a un cargo como el de presidente del gobierno de la Generalitat de Catalunya, que tiene grandes responsabilidades gestoras. Implícita en esta pregunta estaba el supuesto de que el mejor aprendizaje para gestionar lo público era haber gestionado lo privado (el Sr. Montilla había gestionado instituciones públicas, pero no privadas, durante su vida profesional).

Esta postura está ampliamente generalizada entre los grupos empresariales de cualquier país. Según ellos, la mejor manera de gestionar lo público es inspirándose en cómo lo hace la empresa privada. Esta mentalidad se reproduce también en ocasiones incluso dentro de las izquierdas. El propio gobierno tripartito en Cataluña convocó una Comisión para hacer propuestas de cómo mejorar la gestión del sector público sanitario en el que nombró gran número de grandes empresarios y banqueros para que ayudaran con propuestas a mejorar la gestión pública del empleador más grande de Catalunya, el Servei Català de la Salut.

Esta postura asume también, por lo general, aunque raramente se explicita, que las empresas privadas están mejor gestionadas que las públicas. Este debate está apareciendo también con gran intensidad en las elecciones estadounidenses. El candidato republicano Mitt Romney cuestiona las credenciales del presidente Obama, pues subraya que su inexistente experiencia como gestor de empresas privadas le obstaculiza para gestionar lo público. El candidato Romney es un hombre que se considera exitoso en el mundo de los negocios y se refiere a su larga experiencia empresarial como la mejor garantía de que sabrá cómo gestionar el Estado federal.

El mayor problema de este componente del postulado neoliberal es desconocer que el objetivo de una empresa define ya en sí la metodología de su gestión. Una empresa privada tiene como objetivo principal hacer dinero. Una pregunta que podría hacerse es “dinero, ¿para quién?, ¿para los gestores?, ¿para los accionistas?”. Parece que la evolución de las grandes empresas (sobre todo las financieras) muestra que los que dirigen tales empresas acentúan más los beneficios de los gestores que los de los accionistas. Pero sea quien sea el beneficiario, el hecho es que hacer dinero es el objetivo fundamental de una empresa. A este objetivo está supeditado todo.

El objetivo de una entidad pública, como es la administración pública, no es hacer dinero, sino servir a la ciudadanía, un objetivo muy diferente al de conseguir dinero. Esta distinción es fundamental para entender el tipo de gestión que cada entidad necesita. Un empresario –como el candidato republicano a la Presidencia de EEUU, el Sr. Mitt Romney- puede haber conseguido mucho dinero en la empresa privada (siendo una de las personas más ricas de aquel país), y ello no lo acredita para ser mejor presidente de EEUU que el presidente Obama, que carece de experiencia empresarial privada. En realidad, viendo como Mitt Romney consiguió el dinero, la conclusión opuesta parece ser la más adecuada. El candidato Romney consiguió su dinero especulando en los mercados financieros, arruinando deliberadamente empresas para que se colapsaran, comprándolas a bajo precio (destruyendo miles de puestos de trabajo, en la estrategia conocida como “buitre empresarial”) y evitando pagar impuestos. Sus propuestas para cuando gobierne incluye enormes rebajas fiscales a las grandes fortunas, a las grandes empresas, y a la banca, privatizando la Seguridad Social y la gran mayoría de servicios públicos, medidas que beneficiarían enormemente a las personas de rentas superiores que derivan sus ingresos de las rentas del capital, a costa de las clases populares, que verían sus rentas y su calidad de vida claramente recortadas. Por cierto, poco se ha dicho en los medios españoles de los orígenes empresariales del Sr. Romney. El capital inicial que tal candidato obtuvo en sus negocios empresariales procedió de familias de El Salvador (Poma, Dueñas, de Sola y Salaverria) que financiaron las milicias paramilitares que impusieron un enorme terror en aquel país, responsables de que 35.000 salvadoreños fueran asesinaos en el periodo 1979-1984. Fue en 1984, cuando tales familias conocieron al Sr. Romney e invirtieron en las actividades del hoy candidato republicano (ver Sandy Smith-Nonni “Romney’s Blood Money”, Counter Punch. Agosto 24-26 2012). El sector que Romney representa del mundo empresarial estadounidense es el más reaccionario de aquel país, hoy centrado en el Tea Party.

La situación en España

Una situación semejante aparece en el gobierno conservador-neoliberal que existe en España, donde hay un gran número de empresarios privados que están trasladando, una vez en el gobierno, políticas claramente derivadas de su experiencia, que entran claramente en conflicto con el objetivo principal de la administración pública, que es el de servir a la ciudadanía. Ejemplos de ellos hay muchos. Pero uno de los más llamativos es en sanidad donde, a través de una serie de medidas que impone a las CCAA (que gestionan la sanidad pública), el gobierno está empobreciendo a los servicios públicos, favoreciendo a los servicios privados, medidas que responden a un proyecto conservador-neoliberal que tiene como objetivo el desmantelamiento de la sanidad pública. Nunca antes, tal sistema público ha estado tan atacado –con peligro de desmantelamiento- como ahora. Una de las razones de los recortes, que teóricamente se presentan como necesarios para reducir el déficit, es precisamente conseguir tal desmantelamiento.

Se me dirá, con razón, que el sector público puede y debe aprender del sector privado. Pero este argumento, aunque válido, se presenta constantemente como una justificación de unas prácticas que, en la práctica, consisten en la introducción de objetivos privados, como la optimización de beneficios empresariales a costa de los objetivos de los servicios públicos, que deberían siempre ser beneficiar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.