El martes un grupo de trabajadores del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) entró de forma organizada en dos grandes superficies y se llevó sin pagar un importante número de productos de primera necesidad, con objeto de repartirlos entre los más necesitados. Como consecuencia, el ministerio del Interior ha ordenado ya la detención de los responsables. Varios días después podemos confirmar, a mi juicio, que la acción del SAT ha sido un completo éxito.
Comencemos por el contexto social. Según UNICEF en España un 17,1% de los niños están bajo el umbral de la pobreza, mientras que Acción contra el Hambre denuncia que un 25% están desnutridos. Al mismo tiempo dos millones de españoles se beneficiarán de las ayudas que la Comisión Europea ha enviado este año -con un total de 67 millones de kilos de comida- para combatir el hambre en nuestro país. A nadie se le escapa que las organizaciones solidarias han visto dispararse sus necesidades para poder atender con eficacia a una población crecientemente empobrecida.
A pesar de lo apuntado arriba es obvio también que en nuestro país no falta comida, ni tierras fértiles ni medios técnicos con los que paliar el hambre. Lo que sí falta es voluntad política que se atreva a enfrentar las desigualdades de riqueza y renta. Y lo que sobre todo falta es que se cumpla la Constitución española y su artículo 128.1, el cual declara que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Y la acción del SAT ha logrado precisamente poner esto de relieve, marcarlo en la agenda, y lo ha hecho siguiendo la máxima libertaria de Emna Goldman, que instigaba a los trabajadores con la siguiente proclama: "Pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan".
Pero la acción del SAT ha ido más allá de lo concreto, es decir, del reparto de comida, y ha penetrado con fuerza en el mundo ideológico. Decía Guy Debord que vivimos en la sociedad del espectáculo y nos recordaba, citando a Feuerbach, que en nuestro tiempo "se prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser". No hay duda sobre ello: en la sociedad del espectáculo la imagen importa más que la sustancia y los símbolos se convierten en el arma más valiosa para las causas políticas y las causas empresariales. Y la acción del SAT no es una medida contra la crisis -porque su generalización no resuelve los problemas de raíz- sino una acción simbólica con un claro contenido político. Es sustancialmente distinto.
Efectivamente nadie, y los compañeros del SAT menos, tenían como intención que aquella acción del martes se convirtiera en un elemento clave del programa electoral. Lo del SAT ha sido una brillante táctica comunicativa para poner sobre la agenda política un grave problema social. Hablamos de un pensado golpe contra la ideología dominante, es decir, contra la concepción del mundo que tiene la gente acerca de cómo debe organizarse una sociedad. Esta acción ha servido para remover los cimientos ideológicos de la mayoría de la gente. Por supuesto que no ha convencido a muchos, quizá la mayoría, pero ha golpeado por primera vez y con contundencia su sistema de ideas y el cual estaba hasta ahora muy asentado y consolidado. Ha mermado sus defensas.
No olvidemos que vivimos una crisis ideológica que se manifiesta en el cambio de cómo la gente concibe e interpreta su realidad más cercana. La concepción del mundo que había sido dominante hasta ahora se resquebraja y todo está en duda. Se cuestiona que los políticos y economistas sepan qué hacer, que las instituciones políticas sean útiles para resolver los problemas, que las entidades financieras sean fundamentales, que haya democracia, que las empresas privadas sean superiores a las públicas, que la policía defienda al pueblo, y también -y es lo que aquí nos ocupa- que la propiedad privada sea sagrada y esté por encima de otros derechos como el de la vivienda o la alimentación.
Algunos denunciarán que la acción del SAT es ilegal. Efectivamente, lo es. Pero la cuestión no reside en saber en qué lado de la frontera jurídica cae, sino en si es una acción legítima y digna o si por el contrario no lo es. Y cuando sabemos que las necesidades humanas básicas pueden satisfacerse técnicamente pero el único obstáculo para conseguirlo es el propio marco institucional, diseñado en beneficio y garantía de la gran empresa y las grandes fortunas, es cuando acciones como las del SAT recobran toda su naturaleza revolucionaria y de justicia social. En ese punto la ilegalidad es legítima y contribuye a preparar el terreno para un cambio institucional que primero y ante todo ha de construirse en el plano ideológico.
Alberto Garzón Espinosa está a favor
Carta al ministro del Interior sobre los sucesos de Écija
del teólogo jesuita Gonzalez Faus, en Religion Digital
Mi querido señor ministro: Acabo de oír por radio sus declaraciones a propósito de los sucesos en el supermercado de Écija. Reconoce Ud. que hay mucha gente que lo está pasando mal, pero arguye con el clásico axioma moral: el fin no justifica los medios.
Como el ideario de su partido apela a “los principios del humanismo cristiano”, me permito recordarle que según esos principios no hubo en aquella acción ningún uso de medios moralmente ilegítimos (en su legalidad no entro ahora).
Los principios del humanismo cristiano proclaman que “en casos de extrema necesidad todas las cosas son comunes” (in extrema necessitate omnia sunt communia). Porque “la distribución y apropiación de las cosas que procede del derecho humano no puede impedir que estas cosas remedien las necesidades de los hombres. Por eso todo lo que uno tiene de más lo debe a los pobres para su sustento. Y si la necesidad de alguien es tan grave y tan urgente que hay que remediarla con lo primero que se tenga a mano…, entonces cualquiera puede remediar su necesidad con los bienes de los demás, tanto si los quita de modo público como secreto; y esta acción no reviste carácter de robo ni de hurto”.
Estas palabras no son del alcalde de Marinaleda ni del innombrable Carlos Marx. Son de Santo Tomás de Aquino, uno de los pilares de ese humanismo cristiano al que Uds. dicen seguir. Y puede verlas en la Summa Theologica (2ª 2ªe, cuestión 76).
A ellas añadirá el cardenal Cayetano, gran comentador de Tomás, que un juez puede distribuir entre los necesitados el dinero sobrante de los ricos. Me pregunto, pues, si no están Uds. en el atolladero de aplicar la ley contra unos principios que dicen regular el ideario de su partido, quedando como embusteros ante la ciudadanía.
Entiendo además que si Ud. esgrime ese principio de que el fin no justifica los medios, se volverá inmediatamente contra toda la política de este gobierno: para un fin de suyo legítimo y necesario como es rebajar nuestra deuda, ha recurrido el gobierno a medios inmorales (temo que quizás también anticonstitucionales) como son privar a mucha gente de derechos constitucionales, de los ingresos mínimos indispensables, abocarlos al hambre, a la desesperación, a la falta de asistencia médica indispensable, a tener que recurrir a unas Caritas ya desbordadas y a quedarse sin vivienda después de un enorme esfuerzo y encima con una deuda impagable para la que ni siquiera vale el principio lógico de la dación por pago.
La mayoría de los medios que han aplicado Uds. para saldar la deuda española son inmorales y no se justifican por ese fin tan legítimo.
Hace poco habló el presidente del Gobierno de posibles nuevos recortes en esa misma dirección, para reunir 65.000 millones de euros imprescindibles. Su gobierno debe saber que, en España, hay 16 personas que poseen ellas solitas unas fortunas cercanas a los 60.000 millones. Sólo 16 personas entre más de cuarenta millones de españoles. No creo pues que, a la luz del humanismo cristiano, pueda caber duda de cuáles hubieran sido los medios legítimos.
Porque, por otro lado, se repite ahora que todo el dinero que nos va a prestar draconianamente la UE es “para tapar los agujeros de los Bancos”. Ya habíamos oído mil veces que el problema de nuestra deuda era sobre todo de carácter privado y no público; y ahora lo vemos confirmado al saber dónde van a ir esos primeros 30.000 millones que esperamos recibir el mes que viene. Los Bancos y sus agujeros han sido efectivamente los primeros causantes de nuestro desastre actual (sin negar ahora otros factores exteriores a España).
Y lo fueron porque, para un fin de legitimidad muy discutible (como era el enriquecerse más y más) pusieron en juego medios absolutamente ilegítimos, otorgando préstamos que sabían que no podían ser devueltos pero de los que esperaban resarcirse con expropiaciones forzosas mucho más pingües de lo que se expropió en el supermercado de Écija.
¿Sabe Ud. cuántas viviendas inútiles son hoy propiedad de los Bancos? Un ministro del interior debe conocer ese detalle. Como sabrá también que a bastantes gentes ancianas y no muy letradas que tenían en Bankia unos ahorros de seis mil o diez mil euros que constituían toda su fortuna, se las engañó haciéndoles firmar un papel que “iba a ser su solución”, y se les convirtieron los depósitos en acciones, robusteciendo al Banco y debilitándolas a ellas al impedirles disponer de su dinero ahora que lo necesitan.
Si Ud. está decidido a no permitir que para fines en sí legítimos se usen medios ilegítimos, no dudo de que, antes que al alcalde de Marinaleda y su grupo, llevará Ud. a los tribunales a una serie de banqueros de cuyo nombre prefiero no acordarme para esperar a que los investigue la justicia.
O mejor: déjeme decirle que dudo mucho de que Ud. se atreva a hacer eso que sería tan justo: porque son esos Bancos quienes financian buena parte de sus campañas electorales que, tal como están, son otro medio ilegítimo que no queda justificado por el fin de ganar unas elecciones. Y, por supuesto, esto último no vale sólo para su partido sino también para otros del Estado.
Puedo equivocarme como todo ser humano. Pero siempre he tenido la impresión de que, en su partido, suelen argumentar apelando a grandes principios universales indiscutibles, pero que no se aplican al caso concreto que se discute. Y que además suelen exigir a los demás lo que no se exigen a Uds. mismos. Debo confesar que las declaraciones suyas que acabo de oír por radio, me confirman una vez más en esa impresión.
Gracias por haberme leído. Quedo de Ud. atentísimo
Mi querido señor ministro: Acabo de oír por radio sus declaraciones a propósito de los sucesos en el supermercado de Écija. Reconoce Ud. que hay mucha gente que lo está pasando mal, pero arguye con el clásico axioma moral: el fin no justifica los medios.
Como el ideario de su partido apela a “los principios del humanismo cristiano”, me permito recordarle que según esos principios no hubo en aquella acción ningún uso de medios moralmente ilegítimos (en su legalidad no entro ahora).
Los principios del humanismo cristiano proclaman que “en casos de extrema necesidad todas las cosas son comunes” (in extrema necessitate omnia sunt communia). Porque “la distribución y apropiación de las cosas que procede del derecho humano no puede impedir que estas cosas remedien las necesidades de los hombres. Por eso todo lo que uno tiene de más lo debe a los pobres para su sustento. Y si la necesidad de alguien es tan grave y tan urgente que hay que remediarla con lo primero que se tenga a mano…, entonces cualquiera puede remediar su necesidad con los bienes de los demás, tanto si los quita de modo público como secreto; y esta acción no reviste carácter de robo ni de hurto”.
Estas palabras no son del alcalde de Marinaleda ni del innombrable Carlos Marx. Son de Santo Tomás de Aquino, uno de los pilares de ese humanismo cristiano al que Uds. dicen seguir. Y puede verlas en la Summa Theologica (2ª 2ªe, cuestión 76).
A ellas añadirá el cardenal Cayetano, gran comentador de Tomás, que un juez puede distribuir entre los necesitados el dinero sobrante de los ricos. Me pregunto, pues, si no están Uds. en el atolladero de aplicar la ley contra unos principios que dicen regular el ideario de su partido, quedando como embusteros ante la ciudadanía.
Entiendo además que si Ud. esgrime ese principio de que el fin no justifica los medios, se volverá inmediatamente contra toda la política de este gobierno: para un fin de suyo legítimo y necesario como es rebajar nuestra deuda, ha recurrido el gobierno a medios inmorales (temo que quizás también anticonstitucionales) como son privar a mucha gente de derechos constitucionales, de los ingresos mínimos indispensables, abocarlos al hambre, a la desesperación, a la falta de asistencia médica indispensable, a tener que recurrir a unas Caritas ya desbordadas y a quedarse sin vivienda después de un enorme esfuerzo y encima con una deuda impagable para la que ni siquiera vale el principio lógico de la dación por pago.
La mayoría de los medios que han aplicado Uds. para saldar la deuda española son inmorales y no se justifican por ese fin tan legítimo.
Hace poco habló el presidente del Gobierno de posibles nuevos recortes en esa misma dirección, para reunir 65.000 millones de euros imprescindibles. Su gobierno debe saber que, en España, hay 16 personas que poseen ellas solitas unas fortunas cercanas a los 60.000 millones. Sólo 16 personas entre más de cuarenta millones de españoles. No creo pues que, a la luz del humanismo cristiano, pueda caber duda de cuáles hubieran sido los medios legítimos.
Porque, por otro lado, se repite ahora que todo el dinero que nos va a prestar draconianamente la UE es “para tapar los agujeros de los Bancos”. Ya habíamos oído mil veces que el problema de nuestra deuda era sobre todo de carácter privado y no público; y ahora lo vemos confirmado al saber dónde van a ir esos primeros 30.000 millones que esperamos recibir el mes que viene. Los Bancos y sus agujeros han sido efectivamente los primeros causantes de nuestro desastre actual (sin negar ahora otros factores exteriores a España).
Y lo fueron porque, para un fin de legitimidad muy discutible (como era el enriquecerse más y más) pusieron en juego medios absolutamente ilegítimos, otorgando préstamos que sabían que no podían ser devueltos pero de los que esperaban resarcirse con expropiaciones forzosas mucho más pingües de lo que se expropió en el supermercado de Écija.
¿Sabe Ud. cuántas viviendas inútiles son hoy propiedad de los Bancos? Un ministro del interior debe conocer ese detalle. Como sabrá también que a bastantes gentes ancianas y no muy letradas que tenían en Bankia unos ahorros de seis mil o diez mil euros que constituían toda su fortuna, se las engañó haciéndoles firmar un papel que “iba a ser su solución”, y se les convirtieron los depósitos en acciones, robusteciendo al Banco y debilitándolas a ellas al impedirles disponer de su dinero ahora que lo necesitan.
Si Ud. está decidido a no permitir que para fines en sí legítimos se usen medios ilegítimos, no dudo de que, antes que al alcalde de Marinaleda y su grupo, llevará Ud. a los tribunales a una serie de banqueros de cuyo nombre prefiero no acordarme para esperar a que los investigue la justicia.
O mejor: déjeme decirle que dudo mucho de que Ud. se atreva a hacer eso que sería tan justo: porque son esos Bancos quienes financian buena parte de sus campañas electorales que, tal como están, son otro medio ilegítimo que no queda justificado por el fin de ganar unas elecciones. Y, por supuesto, esto último no vale sólo para su partido sino también para otros del Estado.
Puedo equivocarme como todo ser humano. Pero siempre he tenido la impresión de que, en su partido, suelen argumentar apelando a grandes principios universales indiscutibles, pero que no se aplican al caso concreto que se discute. Y que además suelen exigir a los demás lo que no se exigen a Uds. mismos. Debo confesar que las declaraciones suyas que acabo de oír por radio, me confirman una vez más en esa impresión.
Gracias por haberme leído. Quedo de Ud. atentísimo
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