El siempre interesante programa “Salvados”, que dirige el periodista Jordi Évole, dedicó su sesión del pasado 10 de marzo al análisis de nuestro sistema público de pensiones. Sorprende que un programa como “Salvados”, caracterizado por su imparcialidad, su capacidad para mostrar las diferentes aristas de los problemas tratados y su compromiso crítico con la situación social actual, presentase un análisis sesgado (y alarmista) de nuestro sistema de pensiones.
En el programa se repitieron buena parte de los lugares comunes que recurrentemente plantean los portavoces de los intereses financieros y bancarios, y que ya sirvieron de base para la última reforma de las pensiones en nuestro país: la proporción entre el número de jubilados y trabajadores activos no deja de crecer al tiempo que la esperanza de vida se incrementa progresivamente, lo que se traduce en la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Sería necesario por tanto, según estas voces, implementar recortes (retrasar la edad de jubilación y reducir las prestaciones), así como complementar las prestaciones públicas con planes privados de pensiones.
Han sido múltiples los economistas (Miren Etxezarreta, Rafael Muñoz de Bustillo, Juan Torres o Vicenç Navarro, entre otros) que durante los últimos años han señalado las posibles alternativas que existen a la privatización y a los recortes de nuestro sistema público de pensiones. Sin embargo, éstos no fueron entrevistados ni sus planteamientos se reflejaron, de alguna u otra forma, en el programa.
Y es que los datos hablan por sí mismos, tal y como recogimos en este blog hace ya algún tiempo. Según información de Eurostat, el sistema de pensiones de España es uno de los más baratos de la Unión Europea (UE). El gasto público español en pensiones fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante (equivalente al 10,7% del PIB). Esta cifra es muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio en la UE (13% del PIB), los 3.421 euros de Alemania (12,8% del PIB), los 3.658 Francia (14,4% del PIB) o los 3.295 de Italia (16% del PIB). Es más, en España el 70% de las pensiones no superan los 1.000 euros mensuales, de modo que la pensión media contributiva es un 25% inferior a la media de la UE, y la no contributiva casi un 50%.
El hecho de que el porcentaje del PIB dedicado al gasto en pensiones haya aumentado en España entre 2007 y 2012 (incrementándose en un 2% aproximadamente) no se debe a la “insostenibilidad” del sistema, sino a la propia crisis económica y a la gestión que se ha hecho frente a ella. Así, son las medidas de recorte fiscal que impone el gobierno y Bruselas las que siguen expulsando cotizantes del mercado de trabajo, las que hunden la demanda agregada y las que con ello deterioran las cuentas de la Seguridad Social. De hecho, hasta la llegada de la crisis el sistema público de pensiones no presentaba problema alguno, e incluso acumuló importantes superávits que se trasladaron al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (que a fecha de hoy acumula aún 66.000 millones de euros, equivalente al 6,5% del PIB).
Además, no se puede hablar seriamente de la sostenibilidad del sistema de pensiones sin poner todas las cartas sobre la mesa: dicha sostenibilidad remite directamente al debate de qué modelo de distribución de la renta queremos tener.
A comienzos de la década de 1970 había en el estado español dos millones de pensionistas y el gasto en pensiones apenas representaba el 3% del PIB. Hoy día el número de pensionistas alcanza los 8,1 millones y el gasto representa el 10,7% del PIB. Esta evolución ha sido perfectamente compatible –hasta la llegada de la crisis y las políticas de recortes– con los superávits anteriormente mencionados. ¿Cómo ha sido posible? Pues porque el incremento de la productividad permite que aumente también la ratio entre pensionistas y trabajadores ocupados sin poner en riesgo el sistema (esta ratio pasó del 15% en 1970 al 45% actual). No existe –en contra de las proyecciones generalmente interesadas– ninguna razón económica ni demográfica para que esta tendencia no pueda continuar en el tiempo. Ahora bien, para que esto sea posible es necesario socializar las ganancias derivadas del incremento de la productividad.
Es más, si hiciese falta reforzar la sostenibilidad del sistema siempre se podría acudir a otras medidas que no pasen por el recorte del gasto, sino por el aumento de los ingresos. De hecho, se podría empezar por anular las progresivas reducciones que durante los últimos años han experimentado las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Además, la retirada de las políticas de recortes y el desarrollo de los servicios públicos ayudaría a sostener el empleo y con ello el número de cotizantes. Los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, y la universalización de la educación infantil desde los cero años, facilitarían que más mujeres pudieran incorporarse al mercado de trabajo y que la tasa de ocupación femenina alcanzase los estándares de la UE (en la economía española dicha tasa estaba en 2012 en el 54,6%, mientras que en la UE alcanzaba el 64,6%).
Por último, el sistema público de pensiones no necesariamente debe sostenerse a través de las cotizaciones sociales, sino que también puede ser financiado mediante impuestos generales. Es necesario resaltar en este sentido que la presión fiscal en nuestro país es una de las más bajas de Europa: el 32,6% según datos de Eurostat, muy alejada del 40% de la media de la UE, del 43,1% de Francia e Italia, del 46,8% de Suecia o del 48,9% de Dinamarca.
En resumen, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones no es una cuestión técnica, sino política. ¿Qué recursos queremos destinar a sostener a quienes ya han trabajado toda una vida? ¿Estamos dispuestos a priorizar el pago de la deuda a los acreedores externos, y a rescatar a las entidades financieras, antes que asegurar nuestra futura vejez? Las pensiones públicas no sólo garantizan la estabilidad del ciclo macroeconómico, impidiendo que las recesiones se agraven. Constituyen un derecho social conquistado después de toda una vida de trabajo, así como un bien público que garantiza la solidaridad, la cohesión y la justicia. Son, en definitiva, un enorme activo a defender.
Para que la ciudadanía pueda decidir qué sistema de pensiones quiere tener (y defender) debe contar con información veraz sobre su sostenibilidad y sobre las alternativas que se pueden en marcha para ésta se vea reforzada. Ocultar parte de esta información sesga el debate e impide que éste se pueda dar de una forma democrática. Contribuir a que el miedo a la quiebra del sistema generalice los planes privados de pensiones tampoco ayuda a que el debate se dé en los términos más deseables. En este sentido, nos gustaría pedirles a Jordi Évole y al equipo de “Salvados” que tengan en cuenta estas consideraciones para futuros debates sobre las pensiones públicas.
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