La celebración este año del Día Mundial del Agua ha coincidido con la fase final de la recogida de un millón de firmas para una Iniciativa Ciudadana Europea, "El agua es un derecho humano" que en su día fue promovida por los sindicatos de servicios públicos de la CES. A través de esta iniciativa, procedimiento de participación ciudadana previsto en el Tratado de Lisboa, pretendemos conseguir una regulación de rango europeo que considere el suministro del agua y el saneamiento un servicio público esencial y que no se privatice su gestión. En España y en Aragón participan activamente en esta campaña todas las organizaciones que han constituido la Red de Agua Pública.
La Iniciativa Ciudadana contra la privatización del agua nace en un momento que no puede ser más oportuno porque las instituciones europeas están actualmente promoviendo la liberalización de los servicios y la privatización del ciclo del agua en todos los países del sur de Europa.
Los sindicatos y los movimientos sociales nos oponemos a la privatización del agua porque no hay ningún dato empírico que avale, como afirman los interesados en su gestión privada, que ésta sea más barata o más eficiente que la gestión pública. Todo lo contrario.
En Argentina, donde la política neoliberal de los años 90 dejó al 70% de la población desastrosamente abastecida por gestores privados, en el último decenio se ha remunicipalizado con éxito la gestión en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán…El mismo proceso se ha venido dando en países como Bolivia, Uruguay o Brasil y más recientemente en Atlanta (EEUU) o en París. En Europa un país de la tradición hidráulica de Holanda tiene la gestión privada del agua prohibida por su Constitución. En Italia el movimiento en defensa del agua pública logró en 2011 ganar por abrumadora mayoría en referéndum la prohibición de la gestión privada del agua, pero violando la soberanía popular la Troika impuso al Gobierno Monti la no aplicación de esta medida.
Mención aparte merece el caso de Francia. La principal cuna de las multinacionales del agua ha revertido las concesiones en cientos de ciudades, entre ellas París, Grenoble, Castres, Brest o Burdeos. En el caso de París la municipalización en 2010 supuso un ahorro de 35 millones de euros en la gestión y la tarifa bajó un 8 %.
Si los sindicatos de trabajadores y los movimientos sociales más diversos defendemos en todas partes unitariamente con tanta firmeza la gestión pública del agua es porque en todas las experiencias de concesión privada -y Aragón no es ni será la excepción- se dan varios elementos muy preocupantes: Falta de transparencia en la toma de decisiones y en los resultados de la gestión; nulo control público y ciudadano; encarecimiento desmesurado de los costes de prestación del servicio; escasa o nula asunción de riesgos por las empresas cuyo beneficio desmesurado se protege con continuas revisiones al alza de los precios; mucho menor empleo y de peor calidad que en la gestión pública; frecuente uso de prácticas corruptas para obtener las concesiones; y, sobre todo, privación en muchos casos del acceso al agua de calidad para los sectores sociales empobrecidos.
Para nuestra desgracia, muchos de estos rasgos los hemos apreciado ya y los hemos denunciado en el irracional Plan de Depuración de Aguas Residuales de Aragón, un plan que se basa en el secuestro por el Instituto Aragonés del Agua de las competencias municipales en la materia; en un diseño errado que desmesura las necesidades para incrementar artificialmente el beneficio empresarial y en la imposición a los ayuntamientos de un canon que origina unas tarifas abusivas a pagar por los vecinos de nuestros pueblos, tengan o no depuradora. Un plan oscurantista que urge revisar pues tiene en las actuales circunstancias muy dudosa viabilidad económica y va a generar un grave daño social.
Si esto fuera poco, el Ayuntamiento de Zaragoza da muestras cada vez más evidentes de haberse sumado a la tendencia privatizadora. Entre otras cosas ya ha delegado gran parte de sus competencias en una sociedad anónima que, en cualquier momento, puede abrir al capital privado como ya trató de hacer el pasado verano; no ha renovado las contratas de mantenimiento del saneamiento o ha sustituido la anterior tasa pública por una tarifa privada, medida de dudosa legalidad que no tiene otro objeto que poder obtener beneficios en una futura gestión privatizada.
Ahora hace 11 años, la ciudadanía de Zaragoza y los trabajadores municipales, en una lucha unitaria ejemplar liderada por las organizaciones vecinales, sindicales y ecologistas impidió la privatización de la gestión del agua en la ciudad. Hoy toca de nuevo movilizarse, en Zaragoza y en todo Aragón. No vamos a dejar que nos impongan la privatización como recientemente han hecho las autoridades europeas en Grecia o en Portugal. En la mañana de este sábado, por vez primera nos uniremos todos, desde los viejos rockeros del sindicalismo o del movimiento ecologista hasta los nuevos movimientos sociales como el 15-M, formando en la ciudad ríos de protesta que confluirán en la Plaza del Pilar en un mar de indignación a favor de la gestión pública y transparente del agua.
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