La banca de Chipre, sobredimensionada, está a punto de quebrar (no puede afrontar sus compromisos de pago). Para evitarlo, la Unión Europea ha decidido concederle al país una cuantía de 10.000 millones de euros. Este “rescate” tiene un objetivo parecido al rescate de la banca española: evitar que las entidades financieras no paguen a sus acreedores. Es decir, el rescate de la Unión Europea es una cantidad de dinero que en última instancia terminará en manos de las entidades financieras y otros agentes que prestaron dinero a los bancos chipriotas. No es un rescate al país, es un rescate a la banca de Chipre (que ha invertido mal el dinero de sus depositantes y acreedores).
Hasta aquí, pocas diferencias con los rescates a otros países como España, Grecia, Portugal e Irlanda. La novedad se ha dado en las medidas que tiene que realizar el país para poder recibir el dinero del rescate. Siempre que la Unión Europea concede un rescate, exige que el país que lo recibe ponga en marcha una serie de políticas concretas. Mientras que en el resto de países las medidas han ido encaminadas a aumentar impuestos como el IVA o el IRPF, disminuir los gastos de las administraciones públicas, flexibilizar el mercado laboral… en el caso de Chipre la medida estrella ha sido la quita en los depósitos. Esto consiste en que todos los ahorros depositados en los bancos verán reducida su cantidad en un 6,75% (9,99% para los que tengan más de 100.000 euros). Es decir, una persona que tenga 10.000 euros en el banco pasará a tener 9.325 euros (perderá 675 euros de golpe). Dinero que recauda el gobierno chipriota y que terminará en manos de los acreedores de los bancos del país.
A nadie se le escapa que esta quita a los depositantes chipriotas es un robo clarísimo. La transmisión del dinero es muy evidente: se extrae dinero directamente de los ahorros de los ciudadanos para pagar los platos rotos por la banca. Es normal que multitud de voces condenen esta quita; se trata de un atracado descarado. El depositante chipriota ve de golpe y porrazo cómo ha disminuido su capacidad adquisitiva; ve que lo han empobrecido de la noche a la mañana. Un robo, al fin y al cabo, ordenado por la Unión Europea y ejecutado por el gobierno de Chipre para pagar a los acreedores.
Pero el resultado de esta quita a los depositantes es prácticamente el mismo que en el caso de otros países rescatados: empobrecimiento de todos los ciudadanos. El objetivo de la extracción de parte de los depósitos es recaudar dinero, algo muy parecido a lo que ocurre cuando un gobierno (como el español) aumenta el IVA o el IRPF. La diferencia está en que la quita de los depósitos recauda dinero en muy poco tiempo, mientras que las medidas implantadas por otros países tardan un tiempo en cosechar resultados. Pero los ciudadanos españoles nos empobrecemos igual (o más) que los chipriotas aunque no veamos las cifras de nuestras cuentas de ahorro disminuir como en el caso de los ciudadanos de Chipre. Tener que pagar más en impuestos como el IVA o el IRPF, o en tasas como las judiciales o las de las matrículas universitarias, es otra forma de hacer más pobre a la ciudadanía. Eso sí, es una forma menos descarada que la de extraer el dinero directamente de los depósitos en los bancos.
Ignoro cuánta prisa puede tener el gobierno chipriota por recaudar el dinero, pero teniendo en cuenta que las negociaciones del rescate a Chipre comenzaron hace dos años, solamente puedo concluir que esta medida es el reflejo de una torpeza infinita por parte de los gobernantes chipriotas y europeos. Para llevar a cabo su objetivo no era necesario acometer una medida tan impopular y tan hiriente como la de extraer dinero de las cuentas bancarias de los ciudadanos. Podría haberse recaudado dinero de muchísimas otras formas, como está ocurriendo en el resto de países europeos (no sólo los del sur). El robo es de la misma cuantía pero la forma en la que se materializa es muy diferente.
Además, la quita a los depositantes tiene otras consecuencias de enorme envergadura. Puesto que debe pasar un tiempo para que pueda consumarse el robo (es necesario aprobar una ley), los depositantes podrían verse animados a retirar todos sus ahorros para no perder ni un euro. Con la intención de evitarlo, el gobierno chipriota ha cerrado las entidades financieras y sólo permite sacar 1.000 euros diarios de las cuentas de ahorro. Se ha tenido que imponer un corralito en toda regla. Es la primera vez que ocurre en la zona euro y ello tendrá repercusiones importantes. Por un lado, se constata una vez más que a las autoridades no les interesa proteger los ahorros de los ciudadanos; prefieren proteger a los grandes acreedores a pesar de que según la legislación vigente deberían ser ellos los primeros en asumir pérdidas (léase este artículo referente al caso español: “¿Qué pasaría si los bancos españoles en problemas no recibieran ayudas y se les dejara caer?”). Por otro lado, ahora ningún ciudadano europeo podrá dormir tranquilo pensando que cualquier día podría ocurrirle lo mismo en su país. Los gobiernos europeos han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para convencernos de que era imposible que se diese un corralito en un país de la Unión Europea. Los hechos han demostrado que no sólo es posible, sino que las autoridades están dispuestas a acometer este tipo de medidas con tal de que los platos rotos los paguemos todos los ciudadanos y no los grandes inversionistas que son al fin y al cabo quienes deberían hacerlo.
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