El 9 de mayo de 2010, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció un giro de 180 grados en la orientación de la política económica. Entonces, la mayoría conservadora representada en la reunión del Ecofin impuso una política fiscal procíclica y contractiva que vendría a inaugurar, en el mejor de los casos, un crecimiento débil durante los siguientes años, la progresiva destrucción de las conquistas sociales que han moldeado el Estado del bienestar y una nueva etapa de desintegración europea.
Entonces se escucharon afirmaciones que todavía hoy producen espanto: la generación que hoy se enfrenta por primera vez al mercado laboral será la primera generación que tendrá un nivel de vida inferior al que disfrutó la generación de sus padres.
Han pasado 1.000 días desde entonces. 1.000 días de austeridad. El fruto de las medidas que entonces se iniciaron no puede ser calificado más que como un rotundo fracaso. Si su objetivo era calmar a los mercados, el coste de financiación del Tesoro español se empeña en refutarlas; si era garantizar el flujo de crédito hacia las unidades productivas, las restricciones financieras, el rescate a la banca y la sequía de crédito a las empresas evidencian lo contrario; si era reducir el déficit y la deuda pública, las cifras nos dicen que el mayor gasto asociado al ciclo y al mayor volumen y coste de la deuda impiden la consolidación.
Si, en definitiva, el objetivo era reducir el desempleo y retomar la senda de crecimiento, los escalofriantes datos del desempleo que cada trimestre nos ofrece la EPA, los polígonos industriales vacíos, las fábricas paradas, los carteles de “se traspasa” en los comercios de nuestras ciudades, en fin, la infrautilización productiva, son las pruebas irrefutables de lo equivocada de la decisión de la que hace unas semanas se cumplieron 1.000 días.
El actual presidente del Gobierno, el conservador Mariano Rajoy, cuyos referentes ideológicos se encuentran en el neoconservadurismo de Thatcher, Reagan y Bush, ganó las elecciones prometiendo trabajo y confianza. Recordemos: la prima de riesgo se llama Zapatero. Pero la realidad es tozuda y la economía lo es aún más. La prima de riesgo de la deuda soberana se ha duplicado en 2012: desde 220 pb, media de 2011, a 450 pb media de 2012. Y tras la desastrosa gestión del rescate a Chipre, la prima de riesgo española vuelve a situarse en niveles peligrosos, cerca de 380 pb.
¿Cómo decían que se llamaba la prima de riesgo?
El número de personas en paro se eleva al final de 2012 a 5.965.400, que es la cifra más alta nunca alcanzada, lo que supone la tasa de paro más elevada de la serie histórica disponible: 26,02%. El año 2012 es el peor de los últimos tres años, con una intensificación del aumento anual del paro de 691.700 personas, un 13,1% frente al 12,3% y 8,6% en 2011 y 2010. Pero lo que es más grave es que las cifras anuales ponen de manifiesto una pérdida de 850.000 empleos. Estamos destruyendo nuestra fuerza de trabajo.
Que las políticas del Gobierno no hacen sino conducir al país a una senda de reducción de todos los parámetros que miden los niveles de bienestar de los ciudadanos, lo reflejan agriamente las cifras de hogares españoles en los que todos sus miembros están en desempleo: 1.833.700, un 16,4% por encima de 2011.
El desempleo de larga duración se convierte en estructural. Los parados de larga duración representan más de la mitad de los seis millones de desempleados. La tasa de paro entre los mayores de 55 años se ha situado en el 17% en 2012. El 67% de este colectivo de parados lleva más de un año intentando encontrar un empleo sin éxito. Es un drama que la vuelta al crecimiento sólo mitigará parcialmente. La exclusión social –que es la peor de las exclusiones– amenaza gravemente a más de un millón de trabajadores.
España está hoy en depresión. Uno de cada cuatro trabajadores está en paro y más de la mitad de los jóvenes en desempleo. El pronóstico para el futuro inmediato es incluso peor que 2012: según las últimas previsiones de invierno de la Comisión Europea, en este año 2013 la economía española experimentará una caída del 1,4% y la tasa de paro aumentará hasta el 26,9%.
Está claro que el problema no está en la herencia recibida. El problema es que esa herencia, sea cual haya sido, está siendo dilapidada por Rajoy. La crisis de sobreendeudamiento privado y caída de la demanda efectiva se ha convertido en la coartada que han encontrado poderosos intereses para poner en marcha un proyecto oculto carente de refrendo democrático: la devaluación interna, la austeridad expansiva. La crisis ha sido su oportunidad. No podían perderla.
Las políticas económicas de los Gobiernos conservadores de la UE y España, además de fracasar en el cumplimiento de un único y dogmático objetivo, la reducción acelerada del déficit público, están dando lugar simultáneamente a la recesión de nuestra economía y al aumento de la desigualdad. Un déficit del 10,2% (la pérdida de valor de los activos bancarios que ha abocado al rescate de la banca, no es ajena a las políticas de devaluación interna) es la expresión del fracaso y del sufrimiento: la austeridad forzada se llama pobreza:
▪ España se ha hundido en la recesión: hace un año crecía todavía un 0,6%, hoy el PIB cae el 1,4%.
▪ El índice de producción industrial presenta una caída media mensual interanual del -5,9%. Todos los meses de este año han sido negativos. Y sólo un mes de los últimos 24 ha experimentado una tasa positiva, corregido el efecto calendario.
▪ El ratio de deuda pública sobre PIB ha pasado desde el 78% en 2011 al 86% en 2012 y las perspectivas de la Comisión Europea son las siguientes: 2013: 95,8%, 2014: 101%
▪ La inflación crece al 2,4%. Hace solo un año crecía un 0,5%.
▪ Los salarios subían hace un año el 1,5% y ahora caen un -0,1%.
▪ El objetivo de déficit público sobre PIB (6,4%) no se alcanza debido precisamente a la recesión causada por los propios recortes. Déficit público: según el Gobierno español 6,7%, que ha debido ser vergonzosamente corregido por Eurostat aumentándolo hasta el 6,98%. Si tenemos en cuenta los fondos públicos destinados a la recapitalización financiera, el déficit público se eleva hasta el 10,2%; 2013, 6,7%; 2014, 7,1%, según perspectivas de invierno de la Comisión Europea. Obsérvese que en 2014 incluso repunta.
▪ La pérdida de la ultraactividad de los convenios colectivos, que es la pieza clave de la reforma de la negociación colectiva del PP, está debilitando la negociación. La desaparición de toda la regulación contenida en los convenios colectivos queda, en la práctica, en manos del empresario. Así, todos los contratos se convierten en la práctica en temporales.
▪ El peso relativo de la remuneración salarial en el PIB a precios de mercado ha caído desde el 49,9% en el tercer trimestre de 2009 al 45,3% en el mismo trimestre de 2012. Sin embargo, el excedente bruto empresarial se mantiene estable.
Pero no. No nos dejemos robar las palabras: no es austeridad expansiva, es despilfarro contractivo. El despilfarro de nuestra potencialidad como ciudadanos, como sociedad, como nación.
¿Por dónde arrancar, qué podemos hacer? Estamos ante una situación de emergencia que tenemos que afrontar con medidas radicales. Al respecto, algunas ideas:
Primera: De manera inmediata, alargar los plazos de consolidación fiscal hasta no menos de 2018.
Segunda: España necesita urgentemente un pacto de rentas, una política que permita moderar drásticamente la distribución de los beneficios empresariales y los beneficios mismos –compitiendo en precios– en respuesta a la caída de las rentas del trabajo.
Tercera: La mayoría del sector exportador español son medianas empresas, poco capitalizadas, pero muy activas. A este músculo productivo hay que dotarle de tamaño y capacidad.
Cuarta: Efectuar una auténtica reforma de nuestro sector energético que fortalezca nuestra capacidad de autoabastecimiento, que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles importados, y que permita cumplir ambiciosos objetivos en materia de reducción de dióxido de carbono.
Quinta: Frenar la fuga de jóvenes talentos. Debemos plantear un programa urgente de recuperación de talentos, fomentando centros de excelencia para recuperar capacidad intelectual imprescindible en una economía del conocimiento y la innovación.
Sexta: España es una potencia verde, el país con mayor biodiversidad de Europa. Este capital natural debe ser puesto en valor. No habrá desarrollo sostenible que no se base en la preservación y aprovechamiento de esta realidad.
Séptima: Es ineludible aumentar la presión fiscal. En España los ingresos públicos sobre PIB se encuentran a 10 puntos porcentuales de la media europea. Pero este aumento de la presión fiscal debe ir unido a una profunda reforma que aumente la equidad horizontal y vertical de nuestro sistema fiscal.
Novena: Favorecer la innovación, la investigación y el desarrollo. Es necesaria una política pública radical de promoción de la innovación. El fortalecimiento del apoyo financiero prestado al I+D+i a través del capital riesgo es una potente vía a disposición de las políticas públicas.
Décima: España es una potencia cultural. Nuestro idioma principal, el castellano, tiene un mercado potencial de 500 millones de personas, y además es creciente. También tiene que ser puesto en valor. Pero para ello, la producción cultural española debe abrirse al mundo, dejar de lado el provincianismo, el casticismo y la reivindicación de lo propio para convertirse en un fenómeno universal. Estamos a tiempo, pero no surgirá espontáneamente.
Las políticas que están agudizando la recesión “ no se basan –cómo nos dice Stiglitz– en una profunda comprensión de la teoría económica moderna, sino en una interpretación ingenua de la economía basada en los supuestos de una competencia perfecta, de unos mercados perfectos y de una información perfecta”. Siguiendo con Stiglitz, “ esas políticas fundamentalistas del mercado también se denominan neoliberalismo”.
La política económica no debiera contener propuestas que no estuvieran preñadas de austeridad porque, en última instancia, su objetivo no puede ser otro que el uso óptimo de recursos escasos. Pero las proposiciones que informan la política económica dominante, de la que ya se cumplen 1.000 días, aplicada con más entusiasmo en unas filas que en otras (recordemos el “que se jodan” de una parlamentaria del PP ante el anuncio de recorte del subsidio de paro) no es austeridad –concepto noble donde los haya– sino un continuo despilfarro de la capacidad productiva de nuestra economía: infrautiliza el capital, condena al desempleo a millones de trabajadores, reduce la inversión en educación y por tanto el crecimiento potencial, lamina a las tecnologías medioambientalmente sostenibles que pudieran servir de base para un cambio de modelo productivo, obliga a nuestros mejores investigadores a irse de España, deteriora el más eficiente modelo sanitario de Europa. Es, en definitiva, una política que despilfarra bienestar, empleo y crecimiento presente y futuro. Y esto no es austeridad, es, simplemente, despilfarro.
¡No dejemos que nos roben las palabras!
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