Olga Rodríguez, en eldiario.es
En medio de esta doctrina del shock a la que nos están sometiendo, en la que nos bombardean con descargas de recortes, desempleo, impunidad, subida de la luz, corruptelas varias y dobles raseros, el PP presentaba hace unos días una proposición de ley que limita y casi anula la jurisdicción universal en nuestro país.
Con ello se cerrarán casos abiertos como el que investiga las torturas en Guantánamo, los genocidios de Guatemala y Ruanda, los asesinatos de misioneros en El Salvador o la muerte en Irak del cámara gallego José Couso Permuy por un ataque estadounidense contra el hotel de Bagdad en el que vivíamos los periodistas occidentales que cubríamos la invasión en 2003.
El doble rasero del “orgullo de ser español”
Esta iniciativa es un ejemplo más de cómo el patriotismo del PP sólo es aplicable a ciertos casos. Ser español es un orgullo y una garantía, siempre y cuando usted sea director de banco, infanta, presidente de una compañía eléctrica, integrante de esa élite con herramientas para pagar proporcionalmente muchos menos impuestos que la mayoría, corrupto adinerado y con poder, o político adicto a las puertas giratorias. En todos estos casos, el Estado velará por sus intereses.
Ahora bien, si usted es un honrado trabajador español al que matan en un crimen de guerra en el extranjero, si es víctima de torturas o asesinatos extrajudiciales por parte de otro Estado, el Gobierno de Madrid le dejará de lado.
Si es un turista, un cooperante o un periodista español que sufre en un viaje abusos y maltratos por parte de fuerzas de seguridad extranjeras, no podrá buscar amparo en los tribunales de su propio país. La nueva ley que se pretende aprobar de forma exprés le negará justicia. Así son los raseros con los que se mueven los que tanto defienden el viva España y el orgullo de ser español.
Son los mismos que este lunes pasado, en el Día del Holocausto, entonaban lamentos por las víctimas del exterminio nazi mientras excluyen de los homenajes y el reconocimiento a los más de 11.500 demócratas antifranquistas que, como consecuencia del golpe militar español, acabaron en campos de concentración nazis. Son los mismos que mantienen nombres de fascistas en plazas y calles mientras niegan justicia para los más de cien mil desaparecidos de la dictadura franquista.
Tras la reunión Rajoy-Obama
Esta proposición de ley llega tan sólo unos días después de la visita de Mariano Rajoy a Washington, donde se reunió con el presidente estadounidense Barack Obama. Teniendo como precedente lo desvelado por los papeles de Wikileaks de 2009, cabe preguntarse si Rajoy ha querido enviar un mensaje especial a Washington tras su encuentro con el presidente estadounidense.
Es preciso recordar que todos los Gobiernos españoles no sólo no han cooperado con la investigación judicial, sino que han intentado obstaculizarla.
Los cables de Wikileaks mostraron que durante el Gobierno de Zapatero hubo comunicación entre integrantes del Ejecutivo y la embajada de EEUU, y que fueron precisamente encuentros con las autoridades estadounidenses los que empujaron al Gobierno español a buscar el cierre de la causa judicial abierta por la muerte del cámara en Bagdad.
Si el caso Couso estaba en la agenda de las relaciones bilaterales de entonces, ¿por qué no iba a estarlo ahora, teniendo en cuenta que sigue abierto en la Audiencia Nacional y que, además, recientemente –hace poco más de un mes– la acusación ha pedido que se investigue a EEUU por delito de encubrimiento?
No es sólo China
La reforma legal exprés que ahora presenta el PP tiene presuntamente como objetivo archivar cuanto antes la causa abierta contra la cúpula del partido gobernante chino en la Audiencia Nacional por los crímenes en el Tíbet, para evitar un conflicto diplomático con Pekín. Pero, si así fuera, bastaría con que esta reforma excluyera los casos que atañen a víctimas cuyo origen no fuera español.
Sin embargo, esta proposición de ley exige, además, que “la persona a la que se impute la comisión del delito” esté en España, lo que, como es lógico, no sucede con los mandos militares que dirigían Guantánamo o con los militares acusados por el asesinato de José Couso. Todos ellos saben que no les conviene pisar suelo español.
Es decir, hay en esta iniciativa una voluntad clara de dar carpetazo también a aquellos casos judiciales que afectan a Estados Unidos y que están relacionados con las actividades militares de Washington en Afganistán e Irak, dos episodios que pasarán a la historia de la infamia por los horrores que en ellos se cometieron.
El triunfo de la impunidad
Gracias a la perseverancia de la familia Couso, el caso sigue abierto casi once años después, y es la única causa en el mundo que está siendo investigada contra militares estadounidenses. Ahora los Couso han pedido a todos los grupos parlamentarios, también al PP, que no voten a favor de una reforma que sólo busca evitar que determinados actos criminales queden impunes.
Hay otras vías para retrasar esta reforma: cincuenta diputados o cincuenta senadores podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, ante el Tribunal Constitucional. También podría hacerlo el Defensor del Pueblo o el presidente del Gobierno.
El PSOE tiene cincuenta diputados. Cuando estaba en el Gobierno, trató de paralizar la investigación judicial de un caso en el que años antes había intentado buscar rédito electoral. No sería mal modo de intentar redimirse recurrir ahora contra esta reforma.
La familia de Couso y los testigos de su muerte no nos hemos quedado de brazos cruzados nunca y no lo vamos a hacer ahora tampoco. Los parlamentarios, senadores y el Defensor del Pueblo tienen en sus manos intentar detener esta ley que pretende aplastar la jurisdicción universal. Si no lo hacen, serán responsables pasivos de un enorme varapalo al derecho internacional.
Los periodistas tenemos la responsabilidad de defender justicia para Couso, porque en ello está en juego la garantía del derecho a informar en escenarios en conflicto. Y los ciudadanos interesados en tener un Estado que no justifique la impunidad de determinados crímenes quizá quieran estar pendientes de los pasos que dará la familia Couso en los próximos días y sumarse a la petición al Parlamento y al Defensor del Pueblo para que el derecho internacional siga vivo en nuestro país.
Que un país responsable del asesinato de un español intente zafarse de la justicia es previsible. Lo que es insostenible es que sea España la que niegue justicia a sus propios ciudadanos, mientras el Gobierno de Madrid hace del patriotismo su bandera.
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