Manuel Ruiz Rico, en Público
BRUSELAS.- Michael Efler es portavoz de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) contra el tratado de libre comercio (el TTIP, en inglés) entre la Unión Europea y Estados Unidos, que se negocia desde algo más de un año con secretismo por parte de las dos administraciones, la europea y la americana. La ICE, que ha sido firmada ya por más de un millón de europeos, fue rechazada por la Comisión en septiembre y en noviembre sus promotores recurrieron este varapalo al Tribunal Europeo de Justicia. Efler alerta de los riesgos que la implantación de este acuerdo supondría para los Estados y sus ciudadanos.
¿Cómo va la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) contra el TTIP?
En la iniciativa hay ya implicadas 338 organizaciones de 24 países Estados miembros. Hemos alcanzado más de un 1,1 millones de firmas. En dos meses es un resultado muy bueno. Si comparamos con otras iniciativas ciudadanas, como la del derecho al agua (Right to Water), esta cantidad les tomó mucho más tiempo.
¿Significa esto que los europeos están muy preocupados?
Creo que es un síntoma. No es fácil movilizar en torno a una política europea, es mucho más fácil hacerlo en torno a temas nacionales. Creo que hay unos pocos temas en torno a los que puedas alcanzar ahora mismo una elevada movilización y el TTIP es uno de ellos y eso es, efectivamente, porque hay mucha preocupación. Hay que decir también que hemos obtenido este elevado número de firmas a pesar de que apenas en Alemania, Reino Unido, Austria y Finlandia los medios han hecho una cierta cobertura de las negociaciones de este tratado. En el resto de países, casi nada o nada, así que tenemos mucho margen para ir sumando a ciudadanos de otros países.
¿Por qué rechazó la ICE la UE el pasado mes de septiembre? ¿Qué les dijo la Comisión Europea?
Hubo dos razones principales. La primera que adujo la Comisión fue que las negociaciones sobre este tratado son un acto preparatorio sin efectos directos en los ciudadanos. No creemos que esto sea correcto, obviamente. El segundo punto fue aún más cruel: nos dijeron que no era posible reclamar una acción en contra de una medida, sólo se puede pedir una acción propositiva. Es decir, se puede pedir que haya una ley o una normativa pero no que se bloquee una normativa, lo que implica que los ciudadanos pueden proponer que se hagan cosas pero no que bloqueen o se rechacen leyes, regulaciones, tratados. Por lo tanto, se nos impide promover una iniciativa para estar en contra el TTIP.
Después, el 10 de noviembre, desde la ICE se recurrió esta decisión al Tribunal Europeo de Justicia. ¿Qué esperan de este organismo?
La cuestión es si tardará mucho o no en pronunciarse. Quién sabe qué pasará pero, personalmente, no creo que tomen una decisión rápida, creo que el tribunal se tomará su tiempo. La Comisión tiene que responder a nuestro desafío otra vez en febrero, por eso no creo que el Tribunal se pronuncie ante de esa fecha, pero quién sabe.
¿Cuáles son los puntos negros que, según ustedes, supondría la aprobación e implantación el TTIP?
Para empezar, nuestra mayor preocupación es que la negociación sea secreta. Después de esto, el tratado intenta implementar un peligroso sistema de arbitraje mediante los tribunales internacionales según el llamado mecanismo del ISDS (Investor-State Dispute Settlement, en inglés) para resolver los problemas entre un inversor extranjero, una multinacional, y un Estado, en este caso, un Estado miembro de la UE. Es un sistema que permite a las empresas denunciar ante un arbitraje internacional a un Estado en vez de recurrir al propio sistema judicial nacional si considera que ha sido agraviada por este Estado en cuestión, por ejemplo, por un cambio de legislación. Ya se estableció este procedimiento en el caso del tratado comercial NAFTA [que entró en vigor en 1994] entre Estados Unidos, México y Canadá.
¿Qué consecuencias ha tenido esa cláusula?
Los Estados han tenido que pagar a menudo compensaciones a las grandes corporaciones o negociar con ellas, y cuando han ganado el proceso ante el tribunal internacional les ha supuesto gastar muchos recursos en procesos judiciales. No creemos realmente que haya necesidad de esto. Tenemos unos buenos sistemas judiciales tanto en Canadá, en EEUU como en la Unión Europea, y podemos usarlos, no hay que darles esos privilegios a las grandes corporaciones.
¿Qué consecuencias podría tener una sentencia en contra del arbitraje internacional?
Puede conllevar que un Parlamento rectifique una ley o no apruebe una normativa, por ejemplo, para proteger el medioambiente porque ellos teman que puedan ser demandados por una gran corporación, alegando ésta que la ley le causa pérdida de beneficios, y reclame una compensación económica por ello. Este sistema de arbitraje mediante tribunales internacionales sigue los procedimientos del Banco Mundial, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil y la Cámara Internacional de Comercio. Es un tribunal caso por caso, no hay un cuerpo como tal. Es un sistema en el que los Estados se arriesgan mucho y tienen mucho que perder, como su soberanía, la soberanía de sus parlamentos. Estos tribunales tienen poder ejecutivo, sus decisiones pueden obligar a los Estados a cambiar o derogar leyes.
¿Están incluidos estos mecanismos de arbitraje en el acuerdo de libre comercio firmado ya entre la Unión Europea y Canadá, el llamado CETA?
Es un tratado muy complejo y hay que ver cómo se desarrolla porque su contenido acaba de conocerse. Pero ya establece que empresas europeas puedan demandar a Canadá y viceversa y es un poco preocupante. Es similar al NAFTA, es el mismo estilo. En el caso del tratado entre la UE y Canadá hay más transparencia y mayores mecanismos de protección para los Estados, pero en esencia se sigue la senda del NAFTA.
¿Cree que debería someterse este tratado de libre comercio con Estados Unidos a un referéndum en el que la ciudadanía pueda decidir sobre un asunto de este calado?
Debería haberlo, claro, sería una buena idea. Estos tratados implican tanto para la vida de los ciudadanos europeos que éstos deberían tener ellos algo que decir en este asunto. El mecanismo del ISDS es realmente muy impopular. Pero en la UE no se han hecho apenas referéndum y ninguno sobre un tema de este tipo así que no creo que sea muy probable que suceda. Seguramente sea más probable que haya referéndum en algunos Estados miembros donde la preocupación de la gente sea mayor, creo que es más probable que suceda eso.
Catorce países han escrito a Juncker una carta donde muestran su preocupación por el TTIP. ¿Hay países que estén en contra del tratado?
Realmente, no hay diferentes posiciones en los países. Todos o casi todos los Estados están a favor de este tratado. Sólo hay alguna oposición en Francia, Austria y Alemania cuando se trata de la posible implantación del mecanismo del ISDS para resolver conflictos con inversores extranjeros. Si fuera incluido finalmente yo creo que habría un gran problema con estos países. Pero no veo que estos Estados estén en contra de todo el tratado de libre comercio porque todos los que gobiernan ahora en Europa están muy preocupados por la situación económica de sus países y ven en el TTIP una salida que puede mejorar la economía. Un problema añadido es que el tratado no puede bloquearse en una parte, se deberá dar o un sí a todo el texto o un rechazo a todo el texto, y no creo yo ahora mismo que Alemania o que un solo Estado nacional quiera rechazar el acuerdo al completo.
¿Ve la mano de los lobbies detrás del impulso al TTIP?
Hay un estudio muy interesante de Corporate Europe Observatory, una organización que investiga la acción de loslobbies en Bruselas. Han preguntado a la Comisión sobre con quien se han reunido en Europa para preparar las negociaciones y la postura de la UE sobre el TTIP y la respuesta de la Comisión ha sido que más del 90% de las reuniones han sido con el sector privado, con lobbies empresariales, y el otro 10% sólo con ONG, sindicatos, etc. Esto da una idea de qué situación hay: que la negociación del TTIP realmente fue lanzada y puesta sobre la mesa por las grandes corporaciones transatlánticas. Entre las que más presionan, Business Europe [la patronal europea] o la Cámara Americana de Comercio, que está poniendo muchos esfuerzos para que esto salga adelante.
Las negociaciones llevan poco más de un año y en este lapso de tiempo ha coincidido con un cambio de comisario europeo de Comercio, el liberal belga Karel de Gucht ha dado paso a la socialdemócrata sueca Cecile Malstrom. ¿Hay diferencias en las posiciones de uno y otro?
El comisario anterior era muy agresivo y Malstrom es más amigable pero en realidad en cuestiones de fondo nada ha cambiado, el objetivo es el mismo, tienen un mandato de la Comisión y lo tienen que cumplir. Esta comisaria parece estar más a favor de la transparencia, pero el contenido de negociación es el mismo más o menos. Respecto al ISDS hubo una situación rara en las audiciones a las que deben someterse los comisarios europeos antes de ser nombrados. En la audición de Malstrom, en octubre, ella dijo en una primera ocasión que ella estaba contra el ISDS y después cambió su respuesta a favor, fue todo muy confuso…
Usted es también portavoz de Más Democracia en Alemania, una organización que propugna una democracia más directa ejercida por los ciudadanos.
Exacto, reivindicamos una democracia más directa. Esto quiere decir que no sólo nos centramos en mejorar la democracia de los Parlamentos sino en reclamar vías directas de ejercer la democracia, como referéndum o iniciativas ciudadanas a todos los niveles de gobierno, local, autonómico, nacional o europeo.
¿Qué situación hay en Alemania en este sentido?
Hay diversos modos de ejercer la democracia directa, pero hay que distinguir entre nivel local, regional y nacional. A nivel local y regional si hay posibilidades mediante referéndum e iniciativas ciudadanas de ejercer la democracia directa. Esto fue establecido ya en los años 80 y 90 y ahora cada ciudad o región en Alemania tiene la posibilidad de hacer un referéndum sobre un tema local o regional.
¿Y en el ámbito nacional?
Sucede absolutamente al contrario, no hay mecanismos de democracia directa y esto es debido a las reticencias del partido conservador de Angela Merkel, el CDU. Otros partidos alemanes están en general en favor de la participación directa de los ciudadanos o de que tengan vías para una influencia mayor en la política, pero habría que cambiar la constitución y el CDU tiene más de un tercio de los escaños y es imposible hacerlo con su oposición, pueden bloquear cualquier cambio constitucional
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