A comienzos de este año, un pundonoroso grupo de 11 países de la Unión Europea, entre los que se encontraba España, decidió implantar lo que se ha denominado Tasa a las Transacciones Financieras por la cual se pretende imponer un peaje del 0,1% sobre las operaciones de renta variable y renta fija y un 0,01% sobre las llevadas a cabo con derivados. La Comisión Europea calculó una recaudación de 35.000 millones de euros y se confiaba en implantarla el próximo año.
Sin embargo, ya nadie habla en favor de esta tasa ni mete prisa para conseguir tenerla a punto. Lo más optimista que se puede decir de ella es que está hibernada. Aunque ha sido el Reino Unido el que más ha batallado en contra de su implantación, habiendo interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo, es realmente Alemania, país que en principio tiraba del carro de los voluntariosos, el que se la ha cargado.
El Gobierno de Ángela Merkel ha cedido a las presiones del Bundesbank, que al igual que el resto de bancos centrales, todos ellos jaleando su independencia de los Gobiernos, se ha mostrado contrarios a esta tasa. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, aseguraba hace un mes en el transcurso de un congreso de la banca que “la tasa financiera tal como está planteada hay que verla muy críticamente” y su implantación podría tener “efectos explosivos”.
Pocos días después fue la industria alemana, a través de la Deutsches Aktieninstitut (DAI), una organización que agrupa a las empresas que cotizan en Bolsa, la que atacara la medida, alegando que era “un golpe directo contra la economía alemana orientada a la exportación”, ya que encarecería las coberturas sobre los riesgos de fluctuación de los tipos de cambio. Un estudio interno decía que el coste para las 24 compañías más grandes podría alcanzar hasta 1.500 millones de euros. Siemens valoraba el suyo entre 80 y 100 millones por el encarecimiento de las coberturas de tipo de cambio y las de los fondos de pensiones de los empleados. Además se quejaban de los incrementos de costes en la emisión de pagarés y otros títulos.
Ha sido finalmente el ministro de Finanzas, el temido Wolfgang Schäuble, quien despachara el asunto a comienzos de este mes sugiriendo que su implantación tomaría mucho más tiempo del que se pensaba. “Acabamos de empezar esta discusión, y para ser franco diré que no es una de nuestras preocupaciones. Comenzar este año, el siguiente o cuando sea, no es ningún problema”.
La tasa se suponía que iba a estar presente en la agenda del Consejo Europeo de mañana, pero en la web dedicada al encuentro de los mandatarios de la UE no figura hasta ahora. Al respecto hay que subrayar que un equipo técnico del Consejo preparó hace unos días una memoria de seis páginas en la que planteaba los problemas no resueltos que encierra la medida, como el impacto que tendría sobre los pactos de recompra de la deuda soberana entre bancos, y la asimetría en los costes dependiendo de que la deuda sea emitida a corto o a largo plazo, además de las dificultades prácticas de su cobro.
Quien ha dejado muy claro cómo está el asunto es el gobernador saliente del Banco de Inglaterra, Sir Mervyn King, un personaje que habla siempre bastante claro. Dijo King hace una semana que incluso entre los promotores de la tasa había un “enorme escepticismo” sobre su implantación e insinuó que el proceso seguiría tácticas dilatorias para no llevarla a cabo en el tiempo previsto y comenzar otro periodo de reflexión.
En las filas españolas ni una sola palabra ni de Montoro, ni de Guindos ni de Rajoy. Todo apunta que no habrá coste político excesivo en el entierro de la tasa, vendiendo bien los acuerdos que puedan tomarse contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales.
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