Tres son los resultados más significativos de las elecciones europeas en España: la emergencia de un amplio electorado indignado y transformador; el fracaso del proyecto del aparato socialista que ha cosechado el peor resultado de su historia; el declive del apoyo electoral a la derecha. Los tres fenómenos están encadenados. Por un lado, se ha mostrado la existencia de un rechazo masivo a la política de austeridad y recortes sociales, el paro masivo, el reparto desigual de la crisis, así como a la gestión antisocial e impositiva de las élites gobernantes. Por otro lado, se ha confirmado el refuerzo de un electorado crítico, a la izquierda del partido socialista, que se opone a esa dinámica regresiva y exige una política social y económica más justa y la democratización del sistema político. La decadencia del bipartidismo se combina con el fortalecimiento de las fuerzas alternativas y de izquierda.
Desgaste del bipartidismo gobernante y un nuevo polo alternativo
Respecto de las elecciones europeas del año 2009, es decir, en los últimos cinco años de crisis socioeconómica y gestión política impopular y autoritaria (primero del PSOE y después y de forma más dura del PP) el bipartidismo gobernante ha perdido más de cinco millones de votantes (más de 2,5 millones cada uno y con similar participación); entre ambos han pasado del 80% de los votos a menos del 50% (cuatro millones el PP y algo más de tres y medio el PSOE). Todavía representan a cerca de la mitad del voto electoral pero es evidente y positiva la consolidación de una amplia desafección popular a esa clase gobernante y su política de recortes.
El descenso de apoyo ciudadano es todavía más significativo en el PSOE que ha perdido más del 40% de su electorado. Si en las elecciones generales de 2011 había perdido diez puntos respecto a 2009, y muchos consideraban que había tocado suelo, ahora ha vuelto a descender otros cinco puntos (y un millón de votos), hasta quedar en el 23%, sin que se pueda aventurar que sea su último peor dato.
Por el contrario, el electorado indignado y transformador ha superado los tres millones: 1,56 millones, Izquierda Plural –IU, ICV, Anova, Batzarre…-; 1,24, Podemos, y 0,30Primavera Europea –Equo, Compromís y Chunta aragonesista-. El conjunto está cerca del 20% del total. Si a este bloque de izquierdas le sumamos la izquierda nacionalista (catalana –ERC-, vasca –Bildu, Aralar, EA- y gallega –BNG-), con cerca de otro millón, la suma es de cuatro millones (26%), similar a los votos del PP (26%) y más que los del PSOE (23%). Este electorado a la izquierda de la socialdemocracia está fragmentado, particularmente entre esas dos partes; no obstante, también existen experiencias de acuerdos parciales entre ellas en Cataluña, Galicia o Navarra. Luego volvemos sobre el desafío para su unidad y consolidación. Ahora analizamos su conformación y su impacto.
El asunto relevante que se ha expresado en este proceso electoral es el gran crecimiento de este electorado crítico, no solo de contestación sino también con un proyecto definido de cambio profundo progresista. En ese sentido, apunta a una transformación significativa de los equilibrios políticos e institucionales, en particular, en la configuración de las izquierdas, a una reorientación de la política socioeconómica y a una democratización a fondo del sistema político.
Es un acontecimiento histórico. Por primera vez en España, en todo el periodo democrático, las fuerzas políticas a la izquierda de la socialdemocracia superan a ésta en apoyo electoral, y dejan de estar subordinadas ante su hegemonía. Las dos dinámicas son paralelas: deslegitimación y disminución de la capacidad representativa de la élite socialista; aval ciudadano a un conjunto de varios grupos sociopolíticos a su izquierda, primero social y de legitimación ciudadana y, después, como representantes políticos directos. Es decir, junto con el declive de la derecha conservadora, se ha producido un desplazamiento hacia la izquierda del electorado, fortaleciéndose un polo alternativo relevante de similar representación política (y superior legitimidad social) que la tradicional socialdemocracia. Este proceso se ha fraguado durante estos cinco años, a través de la indignación cívica contra las graves e injustas consecuencias de la crisis socioeconómica, la pugna popular contra la involución social, económica y política promovida por las dos élites gobernantes, y la defensa ciudadana de los derechos democráticos, sociales y laborales.
Lo más difícil ha sido la conformación de una corriente social indignada y una dinámica de protesta social progresista. Esa dinámica y los actores sociopolíticos que la han promovido han contribuido a configurar un campo social de rechazo a esa dinámica regresiva, y han apostado por un cambio socioeconómico y político profundo. Durante cuatro años se han sucedido, con altibajos y de forma heterogénea, grandes, unitarias y visibles movilizaciones sociales con diversas representaciones sociales o grupos de activistas. Estaba clara la persistencia y la consistencia de ese amplio movimiento popular, de orientación progresista en lo socioeconómico y democratizador en lo político. Permanecía la incógnita de cómo se iba a traducir en el ámbito político-electoral, contando con que ambos campos obedecen y están condicionados por distintos mecanismos. Las elecciones generales de noviembre de 2011, ya constituyeron un primer aviso: amplia desafección hacia el partido socialista e incremento del voto a IU (y algo de abstención y voto en blanco). Ahora ha cristalizado un segundo paso en el impacto electoral e institucional con un claro, aunque todavía dividido y emergente, polo político alternativo.
El continuismo estratégico del aparato socialista es un callejón sin salida
Han persistido dos fenómenos negativos. Por un lado, los planes de ajuste económico, de empleo y de derechos, protagonizados por las derechas, y una perspectiva de continuidad de la crisis, con una gestión y una salida conservadoras. Por otro lado, el continuismo de la estrategia del (viejo y, probablemente, nuevo) aparato socialista. Nos detenemos en ello.
La ausencia de autocrítica en la dirección socialista por su política antisocial y su incumplimiento de los compromisos sociales y democráticos, la continuidad de su aparato con responsabilidades en la gestión gubernamental, el giro solo retórico de su discurso, confiando en una mejor ‘comunicación’, y el mantenimiento de su estrategia subordinada al consenso europeo de la austeridad (flexible) y los intereses del establishment, han quitado credibilidad a sus esfuerzos por mantener y recuperar su electorado. Se han distanciado todavía más de la sociedad. El continuismo, con un proyecto difuso, ha profundizado la pérdida de legitimidad y confianza popular. La mayoría de su base social y electoral era progresista y de izquierdas. Pero su última gestión gubernamental, su estrategia socioeconómica y laboral y su desconsideración hacia sus compromisos sociales y valores democráticos, se pueden calificar de ‘derechas’ y con gran déficit democrático (autoritarios), sin que el nuevo núcleo dirigente las haya cuestionado. La desconfianza ciudadana en sus líderes es evidente.
La dirección socialista tiene un fuerte dilema. Ante su debacle electoral su reacción inmediata es la renovación de su equipo dirigente. Es imprescindible pero insuficiente. No solo necesita caras nuevas, no contaminadas directamente por la gestión gubernamental pasada. Eso sería cambiar algo para no cambiar lo sustancial. Y lo fundamental es reconocer su responsabilidad por su estrategia equivocada, el fracaso de sus intentos ‘comunicativos’, incluyendo la falta de credibilidad de su flamante proyecto de su Conferencia política y el continuismo en sus principales prioridades. No se vislumbra, en la polémica interna sobre el Congreso extraordinario y las primarias, ningún debate sobre la necesidad de una fuerte reorientación de su estrategia política y de alianzas hacia una posición más social y democrática y de colaboración con las izquierdas para acabar con la hegemonía conservadora y los designios de la Troika. Lo que se deduce es (otra) operación cosmética con un nuevo liderazgo que, con nuevas promesas y retóricas renovadoras, practique la vieja política: acordar con la derecha los grandes temas de la gestión liberal de la crisis y la estabilidad institucional, y bajo los consensos europeos entre socialdemócratas y conservadores.
De confirmarse la opción del nuevo aparato socialista por el continuismo de su estrategia política neoliberal, estaría incurriendo en el riesgo de acentuar el alejamiento de su base social progresista, estilo sus colegas franceses –o griegos- (confiando quizá en que se vaya descomponiendo el apoyo centrista al PP, para recogerlo, estilo italiano). Esa lógica sería un impedimento para garantizar el cambio institucional sustancial a corto plazo, pero, al mismo tiempo, profundizaría su declive. La ‘alternancia’ entre los dos partidos gobernantes es cada vez más irrelevante e indiferenciada, y cobra mayor relieve la capacidad ‘alternativa’ de las izquierdas, en la que parte del socialismo actual podría y debería tener un papel positivo. El PSOE ha dejado de ser la referencia principal o mayoritaria de oposición y alternativa institucional. En la mejor de las hipótesis puede nadar entre dos aguas, conservar un electorado significativo y condicionar el ritmo y las condiciones del cambio político. Pero, después de comprobar la existencia de ese campo indignado con sus políticas y sus representantes, tiene que admitir la representatividad y el protagonismo del polo alternativo que se ha conformado a su izquierda. Es un mínimo gesto democrático que, de momento, no se adivina, sino más bien lo contrario, deslegitimar esta nueva expresión crítica a su izquierda.
Oportunidad de cambio político-institucional
El sector desafecto con los líderes políticos del partido socialista y su política se acumulaba a otro bloque indignado, particularmente joven, que ha ido madurando estos años, aun con cierta orfandad representativa en el ámbito político-institucional. La desafección a la clase política no suponía pasar de la (acción) política, sino que significaba la crítica a esa élite dominante poco democrática, la reafirmación en la protesta social para cambiar las cosas y, adicionalmente, posibilitar el apoyo a otra representación política, coherente con esos objetivos básicos, de democratización política y giro socioeconómico. Es lo que ha sucedido. Por un lado, dos millones y medio de votos menos al partido socialista; por otro lado, el millón más a Izquierda Plural y el millón doscientos cuarenta mil a Podemos.
Lo más llamativo ha sido el amplio apoyo a esta reciente fuerza política. Podemos ha tenido la habilidad y el acierto en sus mensajes políticos y su tipo de candidatura, innovadora, participativa y con buena capacidad comunicativa, para conectar con esa parte de la ciudadanía indignada y hacerse su portavoz político en estas elecciones. Es un gran mérito el haber conseguido ser un cauce de expresión política de la resistencia cívica a la austeridad y la exigencia democratizadora. El logro del reconocimiento ciudadano para su labor institucional y representativa corre parejo con la debida autonomía y el refuerzo de la movilización social que es la base de su legitimidad.
En comparación con los pronósticos de diversas encuestas de opinión, el conjunto del voto a estos dos grupos de izquierda alternativa se ha visto incrementado. Pero, sobre todo, lo más sorprendente ha sido la casi igualación entre ellos (seis por cinco eurodiputados), cuando las expectativas suscitadas, en el mejor de cada caso, preveían una desproporción mayor (ocho a tres, a favor de Izquierda Plural). El choque de la dirección de IU con esta realidad, todavía más fuerte en sitios emblemáticos como Madrid y Asturias donde Podemos les ha superado, les debe permitir iniciar una reflexión profunda sobre sus limitaciones políticas, organizativas y de forma de tejer alianzas, que les han dificultado para obtener la confianza de un amplio segmento crítico con el poder. Su mayor peso político y de estructura organizativa le convierte en un eje fundamental para conformar, desde el respeto a la pluralidad de las distintas fuerzas alternativas y con exquisito talante democrático, mayor convergencia y arraigo local.
Respecto del núcleo promotor de Podemos y su base asociada, ya hemos adelantado su enorme mérito al saber encauzar y representar en el ámbito político-electoral gran parte de la indignación ciudadana y la protesta social. El éxito de la significativa e inesperada dimensión de su representación política les exige una nueva e importante responsabilidad. Los desafíos son inmensos y se podría decir que lo realmente dificultoso y complejo empieza ahora. Dejando al margen el imprescindible reto colectivo, en la esfera sociopolítica, de consolidar el movimiento popular, con el apoyo de la mayoría de la sociedad, en torno a una salida progresista y democrática de la crisis, se trata de cómo configurar la apuesta, en el ámbito electoral y político, por un profundo cambio institucional que acabe con esta época y asegure un periodo progresista y una perspectiva constituyente de una democracia avanzada y más igualitaria. Sus desafíos inmediatos, al menos, son tres: primero, profundizar el programa básico alternativo a la austeridad, los recortes y la involución social y democrática, como referencia de las aspiraciones de la ciudadanía activa; segundo, enraizar su proyecto y su liderazgo político entre la población indignada, fortaleciendo el tejido asociativo y la participación democrática, y establecer un tipo de relaciones, iniciativas y alianzas unitarias; tercero, dotarse de los instrumentos organizativos, con mecanismos cada vez más complejos, pero funcionales, transparentes y democráticos.
La base social indignada estaba prácticamente construida en el plano social; una parte relevante de ella se ha sumado electoralmente a Izquierda Plural y otra similar ha confiado en la representación política de Podemos. Ahora, ambos deben asumir el desafío de seguir mereciendo su apoyo y ampliarlo a la mayoría de la sociedad junto con las demás fuerzas alternativas. Y conducirlo unitariamente hasta derrotar a los poderosos y garantizar un avance sustantivo hacia una democracia social más justa, con una ciudadanía social plena e integradora, al mismo tiempo que con un nuevo equilibrio territorial. No es poco, pero es la oportunidad y el horizonte que se han abierto, por primera vez en España, desde la Transición política.
Por tanto, la perspectiva inmediata es la reafirmación de las izquierdas y fuerzas progresistas y el desalojo del poder institucional a las derechas, en los procesos electorales próximos –municipales, autonómicos-, particularmente en territorios donde se ha instalado casi como un régimen conservador y atravesado por la corrupción, como Madrid, la Comunidad valenciana o Navarra. Después en las elecciones generales garantizar el cambio político progresista, con un giro igualitario de la política socioeconómica, un impulso democratizador de las instituciones políticas y una relación de la Unión Europea más solidaria y respetuosa con España y los países periféricos.
Antonio Antón | Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
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