- Bataller defiende en Bruselas las nuevas fórmulas de 'consumo colaborativo' como "alternativa al hiperconsumo" y como vía para recuperar oficios perdidos por los hábitos de usar y tirar.
Miguel A. Ortega Lucas, en El Pais
Bernardo Hernández Bataller es uno de los más veteranos y activos miembros del Comité Económico y Social Europeo (CESE), el organismo de la UE encargado de aglutinar a las diversas voces de la sociedad civil en Bruselas. Secretario general de la Asociación de Usuarios de la Comunicación y miembro también de la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo del mencionado organismo –entre otras responsabilidades–, Bataller atendió a eldiario.es/andalucia en Bruselas para hablarnos sobre algunos de los frentes que han llamado la atención del CESE en los últimos tiempos: la obsolescencia programaday el llamado consumo colaborativo.
Bataller pretende dar seguridad jurídica a nivel comunitario a las prácticas cada vez más extendidas de intercambio de bienes y servicios entre particulares (préstamos, transporte compartido, intercambio de casas…). Según reza el dictamen sobre el tema –que será presentado próximamente en Madrid, como ya se hiciera con el referente a la pobreza energética–,estos usos se están revelando como una verdadera "alternativa a los excesos del hiperconsumo", al paliar "la infrautilización de los bienes y su rentabilidad".
Con ello, "también se hace frente a disfunciones del mercado como la obsolescencia programada": esa estrategia empresarial, iniciada en EE.UU para estimular la demanda durante la Gran Depresión de los años 30, consistente en acortar deliberadamente la vida útil de los aparatos. Es decir: que se rompan antes, sin posibilidad de arreglo, para que el usuario tenga forzosamente que comprar uno nuevo.
Su compañero de Sección en el Comité, el señor Jean–Pierre Haber, co-ponente del dictamen sobre obsolescencia programada, ha llegado a tildar de dictadura industriala esta práctica, conocida eufemísticamente como "acortar el ciclo de sustitución" de los productos. ¿Está de acuerdo con la afirmación?
Es un fraude al consumidor, claro. La obsolescencia programada es un fenómeno que se daba en Europa hace ya décadas, lo que pasa es que la sensación económica era buena y la gente no daba muchas vueltas cuando se le decía que cambiase algún producto rápidamente. Yo me empecé a interesar por este asunto hace dos años, en Brasil –donde las autoridades de consumo son francamente activas, lo tienen muy desarrollado–: en aquel momento le estaban planteando una demanda a Apple por acortar la vida útil de uno de sus aparatos hasta la semana siguiente de expirada la garantía. Yo entiendo que efectivamente es un fraude al consumidor, porque no te dicen "oiga, aquí tiene usted un producto que dura 24 meses, y después, se acabó"…
Es una de las cosas que se reclama a las empresas en el dictamen sobre obsolescencia ( Por un consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales …) : que, para empezar, se etiqueten los productos con el fin de que el posible comprador sepa cuánto duran exactamente… Pero, ¿cómo se pudo permitir algo así desde un principio?
Es que no está permitido. Pero, una vez descubierto cada caso, la cuestión es: primero, recoger las pruebas que certifiquen esa mala práctica. Segundo, que los tribunales lo declaren una práctica comercial desleal. Deberían obligarles a dejar de hacerlo, y obligarles también a indemnizar a todos los consumidores, con los libros de contabilidad de por medio, y con una sanción ejemplar. Aunque esto es como cuando pones demandas a los bancos y sabes que acabas en el Supremo… Pero bueno, hay que empezar algún día. Estas cosas son así. Sobre todo porque si se interpone una demanda de este tipo, la difusión del problema conciencia más a la gente, y entonces lo que empieza con una demanda puede convertirse en cien en toda España, por ejemplo.
¿Y los gobiernos, los Estados miembros, no tendrían nada que decir sobre esto?
Lo correcto, sí, sería que la administración de consumo tomara un caso paradigmático –un electrodoméstico bastante caro, no algo de diez euros–, y lo estudiara, solicitara buenos informes periciales (porque las empresas responden con tres, cuatro informes, para desacreditarlos…), y que acabe siendo incontestable. Debería ser la administración la que iniciara el gran proceso… O lo que le venimos pidiendo a la administración española, pero nunca nos hace caso: crear unos fondos, que ya existen en Alemania y en Canadá, que dependen de la administración de consumo y del ministerio de Justicia, y que sirven de cobertura para estos casos. Tú vas allí con una demanda colectiva, diciendo "mire, yo quiero defender aquí a diez mil consumidores", y si se ve la viabilidad, se financia el proceso con esos fondos.
No les hacen caso sobre esto, en España…
Eso no existe en España; ni quieren que exista. Porque ahí entra en juego un concepto contrario a los intereses de la empresa, acuñado por los profesores alemanes de Derecho Mercantil: el beneficio ilícito. Es decir, si se presenta una demanda de 10.000 personas contra una práctica industrial de este tipo, se contempla que no sólo deben ser indemnizadas esas 10.000 personas: es que se echan las cuentas, y si se establece que usted, durante 10 años, ha estafado a 120.000 personas, pues ese beneficio ilícito también es punible. Y en caso de condena el remanente va a ese fondo del que hablaba para cubrir futuras acciones… Porque a las asociaciones de consumidores, sólo con una condena en costas, las hacen polvo. Pero existe el marco jurídico para acabar con eso: está la directiva comunitaria de prácticas desleales, y en España la ley de competencia desleal. Y esto reúne todos los requisitos del engaño al consumidor, de afectar a su comportamiento económico.
Es que supone enfrentarse a intereses muy poderosos.
Los fabricantes van a decir siempre que les van a repercutir con menos ventas, pero bueno, es que hay sectores que prácticamente habían desaparecido y que pueden volver a aparecer: los que arreglaban televisiones, neveras, impresoras… Toda esa gente había desaparecido porque “como era más barato comprar que reparar”, fueron cerrando sus negocios. Así volverían otra vez a tener trabajo hasta la vida, digamos, útil, real, del producto. Yo creo que económicamente se compensaría la balanza, al fin y al cabo…
Todo esto tiene que ver quizás con un cambio de mentalidad también, de paradigma, como en el caso del consumo colaborativo: que la gente deje de comprar en serie lo que se fabrica en serie, desoyendo la lógica mercantil del comprar-quemar-tirar-comprar…
Es que la gente, antes, lo que quería, mucho más que ahora, era tener, tener cosas, propiedades…Yo creo que se está produciendo un cambio y que ahora a la gente le interesa mucho más utilizar, usar las cosas y no tener museos de todo en su casa…
¿Está seguro? Las empresas de telefonía sacan un juguete nuevo cada semana, prácticamente, y la gente tira el anterior para tener ése…
Sí, claro: y además con conexiones incompatibles con el modelo anterior y tal… Pero estamos aún en la fase de detectar y difundir el problema y sus soluciones. Gracias a internet ya hay redes sin ánimo de lucro de amigos, de conocidos, de gente que quiere intercambiar cosas, e incluso empresas que se dedican a esto. Nuestro objetivo ahora es que la Comisión Europea les dé un marco jurídico en el que se puedan desarrollar; clarificar el mercado para, de una parte, dejar a un lado las actividades sin fines lucrativos, de mero trueque, y por otro regular lo que sean actividades económicas para sanear el mercado, que no haya piratas, que el consumidor tenga sus derechos y sus garantías...
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