QUIÉN NOS HA VISTO Y QUIÉN NOS VE

Que un pacto de Estado que establece de hecho la cadena perpetua sea considerado en virtud de los réditos políticos que puede proporcionar, es un pensamiento que me ofende como ciudadana de la democracia a la que quise pertenecer

Maruja Torres, en El País

Aplastados. Principios que algunos aprendimos a defender o simplemente anhelar –y el mero anhelo nos hacía mejores– cuando la dictadura, precisamente porque esta los pisoteaba y porque eran signo de identidad de las democracias a las que queríamos parecernos, se evaporan. Aquellos no a la pena de muerte –esperad, y veréis–, no a la cadena perpetua, no al castigo carcelario entendido como venganza. Creíamos en el derecho a la rehabilitación del reo como creíamos que los enfermos mentales no tenían que ser abandonados en prisión, ni los niños nacidos con problemas debían ser entregados a instituciones psiquiátricas carcomidas por los prejuicios y el atraso. También pretendíamos que al conocimiento debíamos acceder por la comprensión, no por la memorización o la obediencia automática, que las humanidades eran necesarias no para ganarse la vida, sino para ennoblecerla.

Tanto como el pan y la casa, tanto como el trabajo y la asistencia sanitaria universal, eran importantes para el cambio, o al menos así lo reivindicábamos, otros derechos como el de caminar con la frente alta, el de no ser sospechosos de delito sin prueba alguna, el de no utilizar con los débiles la fuerza ciega. La justicia, y la compasión.

Pero hete aquí que la correlación de fuerzas ha cambiado, que la esperanza de mejorarnos y avanzar no pesa, que incluso en la protesta se nos van las fuerzas para reclamar lo material injustamente arrebatado, postergando lo moral, y así es cómo han ido levantando vallas con cuchillas, no solo contra los inmigrantes, también dentro de nosotros. Valla a valla, navaja a navaja, frontera a frontera hemos ido aceptando lo inaceptable y hemos ido dando por bueno que el terreno que pisamos y que quisimos recuperar ya no es nuestro, ya ni siquiera aparece en el horizonte, solo existe, si acaso, en un ultramar situado más allá de lo rentable, que no nos conviene.

Que un pacto de Estado que establece de hecho la cadena perpetua sea considerado en virtud de los réditos políticos que puede proporcionar, es un pensamiento que me ofende como ciudadana de la democracia a la que quise pertenecer. Que no se nos llene la boca –como al extinto Felipe González– en nombre del terrorismo internacional: porque para luchar contra ese espantoso brote psicótico de la condición humana se necesita precisamente lo que en ninguna parte he leído que se dispongan a hacer. Esto es, mejor dotación para los servicios de inteligencia, prevención antes que enarbolar amenazas y preparar castigos, por otra parte de dudosa eficacia ante gente que está dispuesta a inmolarse llevándose por delante a sus enemigos. Decirse les meteremos un puro de la hostia y se van a enterar no solo nos denigra como demócratas, además es del género idiota vender la piel del terrorista cuando ni siquiera se dispone de los mecanismos para saber dónde está.

Numerosos juristas han saltado con indignación para contarnos que, debajo de ese pacto pomposo, se esconde un salvaje recorte de las libertades, hay quien lo llama estado de excepción encubierto, y que a cambio ni siquiera dispondremos de mayor seguridad.

No pasa nada. Mano dura. Leña al mono. A ese mono desdentado en que nos hemos convertido.