El Gobierno anuncia que va a limitar las retribuciones de los ejecutivos de las entidades financieras que han recibido o van a recibir ayudas públicas. Resulta curioso que después de siete años de Gobierno socialista hayamos tenido que esperar a que el PP alcance el poder para que se acometa tal medida. Bien es verdad que a muchos les gustaría ver limitado su sueldo en esa cuantía, 600.000 euros al año, cien millones de las antiguas pesetas. Es un claro indicador de lo que ingresan aquellos a los que no se les limitan sus haberes porque en teoría no reciben ayudas públicas, ejecutivos, consejeros, etc., del resto de las entidades financieras y grandes empresas. Digo en teoría porque hay muchas formas de que los recursos públicos se orienten al sector privado. Guindos ha afirmado reiteradamente que la reforma financiera que propone no utilizará dinero de los contribuyentes, y basa su afirmación en que no va a afectar al déficit público, pero una cosa es el déficit con su casuística talmúdica de Bruselas y otra, muy distinta, la deuda y el tesoro público.
¿De dónde va a salir la ampliación del capital del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y su endeudamiento?, ¿se va a recuperar este dinero?, ¿acaso no constituye una ayuda a todas las entidades financieras haber implantado un tipo reducido en el IVA a la vivienda? Su finalidad no es abaratar el precio de las casas –no se ha reducido la carga fiscal para las de segunda mano–, sino facilitar que las entidades financieras vendan las que tienen en stock. ¿Y no constituye una ayuda pública, y de enorme envergadura, el régimen fiscal del que disfrutan las entidades que han invertido en el extranjero, hasta el punto de que muchas de ellas apenas contribuyen por el Impuesto de Sociedades? Todo lo que afecta a estas empresas es un asunto público. Ciertos sueldos son impúdicos, tanto si reciben, como si no, sus empresas ayudas directas. No hay mercado ni ley económica que pueda justificarlos. Una sociedad que los permite es una sociedad enferma. Se dirá que al ser compañías privadas, el Gobierno no puede limitarlos. Sí que puede, sólo necesita, por ejemplo, establecer en estos escalones de renta del IRPF un tipo marginal tan alto como sea preciso.
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