El Gobierno acaba de aprobar la reforma laboral interpretando que la mayoría absoluta obtenida recientemente y el crecimiento sin pausa del desempleo le otorgan una legitimidad que poco menos quele permite hacer lo que quiera.
En estas condiciones, ha optado por llevar al BOE un paquete de medidas cuyo denominador común es una mayor devaluación del derecho del trabajo y un paso más hacia la individualización y mercantilización de las relaciones laborales que no sólo no evitará nuevas pérdidas de puestos de trabajo, sino que puede llevarnos a alcanzar la terrorífica cifra de los seis millones de parados y paradas.
Veamos, someramente, qué ha hecho el Gobierno y por qué.
En primer lugar, el Gobierno ha despreciado el diálogo y la concertación social y eso por dos razones: no se ha convocado formalmente a los agentes sociales para proceder a negociar las medidas que querían implementar y han instrumentalizado interesada y torticeramente el reciente acuerdo sobre empleo y negociación colectiva que suscribimos con los empresarios el pasado 25 de enero.
Pero esto, siendo grave, no es lo peor. Lo peor es decir que se persigue paralizar la sangría de empleo y, en el medio plazo, su creación y arbitrar para ello las mismas recetas que se han demostrado fracasadas en todas las reformas que se han impuesto en este país.
Las recetas fracasadas a las que me refiero son de sobra conocidas, son las que para evitar pérdidas de empleo hacen más fácil y barato el despido. Son aquellas que conciben que los empresarios necesitan un entorno favorable para que contraten e interpretan que el entorno favorable, no es que puedan acceder al crédito que ahora se les niega, sino que se desreglen los derechos laborales. Son aquellas que conciben que la única posibilidad de competir de nuestras empresas pasa por deprimir todavía más el factor trabajo.
Por otra parte, los mismos argumentos dados por la portavoz del Gobierno y la ministra de Empleo son los que se dieron en la primavera del 2010 por los que en aquel momento representaban al Gobierno del PSOE. Mantener los mismos argumentos cuando año y medio después tenemos millón y medio de parados más es algo de todo punto inadmisible.
En estas condiciones, las preguntas que caben hacerse son las siguientes: ¿Cómo es posible que, sabiendo que el empleo no lo favorece ni el abaratamiento del coste del despido ni abrir las causas para justificar el mismo, se siga insistiendo en ello? ¿Cómo es posible, si todos sabemos que no se creará empleo hasta que se reanime la actividad económica, que se sitúe la reforma laboral como la "madre" de todas las reformas?
La respuesta, no por simple es menos indignante: es un tributo que se ofrece sumisamente y rindiendo pleitesía a quienes desde las instituciones y cancillerías europeas y desde el empresariado español conciben la crisis como una oportunidad para debilitar los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras.
¿Cómo interpretar, si no, las "bravuconadas" del propio presidente del Gobierno y del ministro de Economía en sus recientes visitas a Bruselas o el aplauso generalizado que ha recibido de destacados representantes del empresariado nacional?
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